La evolución del marco regulatorio andorrano se ha convertido en uno de los aspectos más determinantes para las gestoras internacionales interesadas en operar en el Principado. La singularidad del sistema jurídico local, basado en un régimen de reserva de actividad pura y sin pasaporte comunitario, obliga a las entidades a entender con precisión los límites de la prestación de servicios financieros transfronterizos. A ello se suma un proceso de convergencia normativa con la Unión Europea que marcará la hoja de ruta del sector en los próximos años, especialmente tras la firma del Acuerdo de Asociación con Bruselas en 2024.
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