El estudio otorga a Chile una nota de C+, entre 60 y 65 puntos, y que es la cuarta nota de las ocho que da. En concreto, esta calificación significa que “el sistema tiene buenas características, pero riesgos o diferencias que habría que abordar. Sin estas mejoras, la sostenibilidad y eficacia a largo plazo estarían cuestionadas”.
El sistema chileno consigue la octava mejor nota de los 18 países evaluados de diferentes continentes. Dinamarca es el único estado cuyo sector de pensiones obtiene la mejor nota. Además, Suecia, Suiza, Canadá, Australia, Holanda y Reino Unido consiguen mayores resultados.
Para elaborar las calificaciones, los investigadores que realizan el estudio ponderan un 40% un apartado que llaman adecuación, que incluye beneficios, impuestos, ahorros y activos de crecimiento. Asimismo, dan un 30% al grupo sostenibilidad, que engloba cobertura, activos, contribuciones, demografía y deuda pública. Por último, el 25% corresponde a integridad, con regulación, gobernanza, protección, comunicación y costes.
En el caso de Chile, la nota más alta la recibe en el tercer grupo, en integridad con 78,4 sobre 100. En sostenibilidad es de 67,7 y en adecuación es donde más margen de mejora hay, ya que recibe 50,1.
En este sentido, los autores del estudio proponen varias medidas para mejorar el sistema previsional chileno. Establecer una edad mínima de acceso a planes complementarios, introducción del requisito de que parte de la renta de jubilación debe ser considerada como una fuente de ingresos, revisión continua de la pensión mínima para los más pobres, elevar las contribuciones obligatorias para aumentar la tasa de reemplazo neta, establecer un régimen de los intereses de ambas partes en un divorcio y permitir a las personas retirarse poco a poco mientras que reciben una pensión parcial.
Hasta el momento, el sistema de pensiones es uno de los mayores debates en vigor en Chile en este año electoral. No obstante, el país andino es puesto como ejemplo en muchas economías donde se cuestiona la sostenibilidad de sus pensiones por la evolución económica y demográfica. Hace un año, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) participó en la elaboración de definición de la ley Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) de Estados Unidos. Esta normativa “está destinada a identificar a contribuyentes de ese país que puedan estar eludiendo el pago de impuestos por la vía de invertir en vehículos o cuentas no registradas por la institucionalidad impositiva norteamericana”, explica en entrevista con Funds Americas Claudio Verdugo Burgos, asesor jurídico de AAFP. Asimismo, asegura: “Chile es uno de los países de más larga trayectoria en el desarrollo de un sistema de capitalización individual”.
