La Administración española podría verse obligada a tener que pagar en los próximos años más de 1.000 millones de euros en intereses de demora tras una sentencia del Tribunal Supremo que acaba de publicarse y que confirma el derecho de las entidades extranjeras a obtener la devolución de las retenciones sufridas en el cobro de dividendos pagados por cotizadas españolas. A diferencia de pronunciamientos previos tanto de la Audiencia Nacional como de instancias inferiores, el Alto Tribunal entiende ahora que el cálculo de los intereses de demora que acompañan a la devolución de estas retenciones indebidas empieza a contar desde que se practicó la retención y no, como hasta ahora, desde que se solicitaba su devolución.
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