Entidades más especializadas, pero también en busca de nuevas actividades generadoras de ingresos; nuevos actores, pero también mayor concentración del negocio. Los expertos reunidos en la X edición del Debate Legal FundsPeople patrocinado por Cecabank tienen claro cuáles son los movimientos que se están viendo en la industria en estos primeros meses de aplicación de MiFID II y quiénes están siendo, de momento, los más perjudicados por esta norma. Más allá del gran impacto en el modelo de negocio, el protagonista de estos primeros momentos bajo MiFID II está siendo el informe de costes y gastos. Y mientras este se elabora con la dificultad de no tener criterios previos claros, ya se vislumbra en el horizonte una MiFID III liderada por la Europa continental que, con la salida de Reino Unido, pudiera estar más alineada con dar flexibilidad al régimen de incentivos, aunque sus novedades afectarían principalmente a mercados.
Para Ricardo Plasencia de DLA Piper, “todavía es pronto para saber cómo va a quedar la foto final” a raíz de MiFID II. En su opinión, “las gestoras son las que más están sufriendo por la reducción de las comisiones y los márgenes pero, curiosamente, también surgen nuevas gestoras independientes, al tiempo que los grandes actores están iniciando un proceso de concentración con la adquisición o la participación significativa en entidades de tamaño medio ya consolidadas en el mercado”. Pilar Galán de KPMG coincide con Plasencia en que “las gestoras están siendo las grandes damnificadas de MiFID II”. Y según explica Marta Olavarría de Inverco, “las entidades están buscando esa fuente de ingresos adicional” que pierden con MiFID II.
En su opinión, en gestoras y en ESI se están produciendo dos tipos de movimientos. Por un lado, “las empresas de asesoramiento financiero se están transformando en gestoras y agencias de valores” y, por otro, explica que “dentro de las gestoras se explora desarrollar actividades tradicionalmente asumidas por las ESI como el asesoramiento o la recepción y transmisión de órdenes en las que, al igual que por custodia o mantenimiento de posiciones en fondos de inversión, ya se plantea el cobro explícito al cliente”.
Más especialización
Olavarría incide en que otro de los efectos colaterales de MiFID II, concretamente a raíz del unbundling entre intermediación y análisis, es un recorte importante en la contratación del servicio de análisis con lo que se dificulta el acceso a la financiación de small caps, “lo que parece ir en contra del Mercado Único de Capitales”.
¿Todo esto es lo que quería MiFID II? Para Alfredo Oñoro de Cecabank, el impacto en el modelo de negocio está superando lo esperado en algunos casos. En su opinión “el coste regulatorio, que antes era importante, ahora puede incluso disuadir respecto de la apertura o ampliación de líneas de negocio. En consecuencia, parte de las entidades están tendiendo a la especialización”.
Alicia Yagüe de A&G confirma que, en el sector más cercano a la banca privada, “se está viendo una especialización creciente y se reducen las licencias al mínimo, en línea con el modelo luxemburgués”. Pero al tiempo, también hay un aumento claro de asesoramiento independiente. “Por motivos regulatorios”, explica, “quizá, no habríamos entrado en este servicio, pero tenemos una demanda real muy fuerte por parte de nuestros clientes y es un servicio que siempre hemos prestado”. Una demanda que, como así explica Galán, “se esperaba que con MiFID II fuera muy fuerte, pero fuera de entidades muy concretas, no se está produciendo ni en España ni en otros países de la UE”.
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En este ambiente de repensar el modelo de negocio, la CNMV ha propuesto una Guía Técnica sobre actividades accesorias de las ESI (en consulta hasta el pasado 23 de abril). En síntesis, estos servicios podrían suponer hasta un 40% de los ingresos totales (o un 20% si son actividad no supervisada). Para Plasencia “estas actividades pueden ser un balón de oxígeno para las ESI que vean estrangulada su cuenta de resultados y quieran explorar nuevas vías de negocio”. Según aclara Oñoro, “la forma propuesta para cuantificar las actividades accesorias y su comparabilidad con la totalidad de ingresos para ver si se desvirtúa su objeto social exclusivo no ha sido bien recibida por las entidades afectadas”.
Costes y gastos
En estos primeros meses bajo MiFID II, el auténtico baño de realidad ha venido de la mano del informe de costes y gastos al cliente. Como así destaca Pilar Galán, “ha supuesto un esfuerzo enorme tanto por la modificación de los desarrollos operativos que conlleva como por la incertidumbre de no saber si los criterios seguidos serán luego modificados por la CNMV”. Si bien en fondos y en estructurados se ha hecho un gran esfuerzo por estandarizar la información con el EMT, esto no ha ocurrido con el resto de productos. Los expertos coinciden en que la heterogeneidad de productos, de metodologías y de entidades hacen que la comparabilidad que busca la norma empiece a sonar a utopía. Además, como así apunta Yagüe, “en la información ex post, que descansa sobre la información que el productor facilita al distribuidor, se dan dificultades añadidas porque los fabricantes están yendo a comisiones máximas aplicables y no a las realmente pactadas con la entidad”. Si bien en productos como los fondos esto no es un problema, explica Yagüe, “para otros productos, es deseable que el fabricante adecúe su información ex post a lo pactado con la entidad, del mismo modo que el distribuidor la adecúa a lo pactado con el cliente”, y reconoce que “es una situación pendiente de unificación de criterios que necesita tiempo”. Como así resume Oñoro valorando estos primeros meses “todavía queda un 2019 bastante agitado. El grueso de la adaptación ya está hecho, pero faltan bastantes ajustes por hacer y, ya sea con la emisión de criterios o en fase de supervisión, lo deseable es que desde la CNMV se ayude en el camino que hay por delante”.
