Si algo ha demostrado este periodo de confinamiento es la buena salud que goza la máquina legislativa. En la XV edición del Debate Legal FundsPeople, los participantes señalan cómo, a pesar de la pandemia, se han desarrollado documentos normativos muy importantes a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, hay una respuesta que ha generado especial ruido en el sector: los comentarios de la CNMV a la consulta pública de revisión del marco regulatorio de MiFID II.
Aunque se trata de una cuestión histórica, no deja de sorprender a Jesús Mardomingo que se siga dando vueltas al asunto de los incentivos. “Cada vez estamos más cerca del problema clave que afecta a aspectos fundamentales del modelo de distribución español, incluida la gobernanza de las propias entidades españolas”. Desde su perspectiva, hace falta que se haga un análisis de los efectos en cada una de las jurisdicciones, como la propia ESMA recomienda, con el objetivo de llegar a una auténtica integración europea.
Para Elisa Ricón, en ocasiones “la respuesta de la CNMV se ha tomado de una forma más alarmista de lo que en realidad estaba diciendo”. Su planteamiento le parece razonable, ya que estaría dispuesta a valorar una prohibición total de incentivos siempre y cuando esa prohibición se llevara a cabo para todos los productos competidores y previo análisis de las consecuencias. “Lo que ha dicho es que está abierta a valorar esa posición, lo que me hubiera sorprendido es que dijera lo contrario”, comenta.
A Natalia López-Condado no le llama la atención lo que viene a decir, sino el deseo de españolizar Europa. “Nosotros tenemos más limitaciones en materia de incentivos que el resto de países de la UE, ya que tenemos una lista cerrada de los supuestos que consideramos que aumentan la calidad del servicio y prohibimos la integración vertical, y la CNMV le sugiere a la Comisión Europea que valore estas limitaciones para adoptarlas a nivel europeo”, indica. Desde su punto de vista, no cree que esta postura vaya a triunfar en el contexto europeo, donde ya hay otros países que reconocen otros supuestos que aumentan la calidad del servicio más allá de los tres recogidos inicialmente en la normativa europea. “La integración vertical es algo exclusivamente español”, destaca.
En este sentido, destaca Ricón que el peso de España en los organismos europeos es cada vez mayor y eso se empieza a manifestar en algunas medidas que se toman desde Europa. “El regulador español es muy riguroso y pide excesiva información, pero el tiempo va llevando hacia ese enfoque en determinados casos”, argumenta. Como ejemplo, indica que la elevada preocupación del BCE y otros supervisores de corte bancario por el riesgo sistémico de algunos fondos o por el mayor peso de los fondos frente a la financiación bancaria se debe, en gran parte, a que muchos supervisores de fondos de otros países no tienen información granular del producto, cosa que no pasa en España. No obstante, “ser el primero en el tiempo hace que pierdas negocio entre medias por haber encabezado esa manifestación del máximo rigor”, puntualiza.
Alfredo Oñoro considera que el Brexit tiene que llevar a Europa continental a cambiar algunos postulados impuestos por la cultura de inversión anglosajona. “Es una oportunidad clarísima para flexibilizar el régimen desde Europa y para tratar de implantar un nivel de juego similar en todos los países”, señala. Oñoro piensa que hay que armonizar la regulación para jugar con las mismas reglas y bajo la premisa de no ir hacia un mundo con mayores limitaciones sino con más flexibilidad.
Una postura que comparte Luis de la Peña, quien cree que España no ha aprovechado la oportunidad y sus bondades para atraer a operadores. Para De la Peña, el mercado tiene la sensación de que el regulador español es excesivamente conservador y que el arbitraje regulatorio que se produce en España en favor de otras jurisdicciones perjudica a la industria local y a la extranjera que quiere comercializar sus productos en España. “No es un entorno tan atractivo como le gustaría a la industria”, añade.
Entre otras cosas, considera que perjudica la falta de protección a las sicav, siendo una parte esencial de la industria de gestión de activos española. “Aunque no haya un cambio tributario, esta amenaza se descuenta permanentemente por el mercado”, contextualiza. “De ahí las liquidaciones, transformaciones o fusiones nacionales y transfronterizas (especialmente con Luxemburgo)”.
Normativa y ASG
Otro punto clave de los próximos años será la normativa relacionada con la ASG. No se puede, opina Ricón, esperar a ver qué pasa, pues el amplio marco normativo está ya aprobado o muy avanzado, empezando por el Reglamento de divulgación, del que una parte entra en vigor ya en marzo de 2021.
A diferencia de otros aspectos normativos, Ricón destaca, en cuanto al marco normativo de la sostenibilidad, que “Europa muestra vida propia y la Comisión Europea tiene una agenda que avanza con poca sensibilidad hacia los comentarios de voces relevantes, incluyendo países y autoridades europeas, que piden más coherencia entre las distintas normas, mayor claridad y una alineación de calendarios”. Según Ricón, “está mucho más definido de lo que creemos”.
Para Mardomingo, “todos estábamos expectantes por la taxonomía y ya la tenemos aprobada, si bien aún falta desarrollo legislativo”. Por su parte, De la Peña cree que “la obligación de las entidades de proveer de información no estrictamente financiera que tenga que ver con la sostenibilidad es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar”, anticipa y coincide con Ricón en que está mucho más cerca de lo que se cree. “Están constantemente dándole vueltas a los criterios de proporcionalidad para que haga más llevadera esta nueva carga regulatoria a la hora de reportar a los operadores pequeños y medianos”, confirma. Espera que se juegue adecuadamente con este criterio y que no provoque efectos indeseados.
Desde Inverco esperan que el mundo de la sostenibilidad será uno de los principales drivers de concentración del sector en los próximos años. Para Ricón se trata de un efecto indeseado. “La sostenibilidad también implica aspectos sociales y de gobernanza y un objetivo de impulso a la pyme en Europa, donde hay más de 4.000 gestoras y no son todas grandes”, reflexiona.
Oñoro considera que las entidades financieras ven este tema como algo que va afectar a los demás. “Estamos en el debate”, manifiesta. “Hay una sensibilidad muy clara en los nuevos inversores que debe ser tenida en cuenta por las entidades”, contextualiza y espera que “se haga bien y no se corra tanto, especialmente en los temas relacionados con el reporting”.
A modo de crítica, tanto López-Condado como Ricón piden cuidado con las traducciones de todos los reglamentos y directivas delegadas a la hora de trasponerse la norma, ya que por ahora no hay criterios ni conceptos claros para el mercado local.
Nuevos productos para minoristas
Tanto López-Condado como De la Peña resaltan que la CNMV está abriendo posibilidades a otro tipo de productos dirigidos a minoristas, anteriormente poco accesibles. Según De la Peña, “la regulación actual de las IIC de inversión libre es suficientemente flexible como para que la CNMV interprete de forma razonable la norma y permita crear fondos de este tipo, accesibles a inversores minoristas y muy demandados en la actualidad por el mercado”. En este contexto, subraya que “la CNMV está haciendo un esfuerzo de flexibilidad y entendimiento proindustria, pero cuando compites con reguladores como la CSSF, es difícil”.
Por su parte, López-Condado menciona la revisión de la normativa de alternativos (AIFMD), donde la Comisión Europea ha resaltado que “el pasaporte europeo no está funcionando correctamente debido al gold plating de la normativa por los distintos países“. “En España, por ejemplo, todavía no hay ningún FIA de la UE registrado para su comercialización a minoristas, cuando algunos de ellos no son muy distintos a los UCITS”, reflexiona. Otro de los puntos destacados que López-Condado valora positivamente de este informe es “que ante la dificultad de comercializar en otros países fondos de capital riesgo que no lleguen a los umbrales, se analice la propuesta de revisar la AIFMD para acomodarla a los fondos de capital riesgo eliminando algunas de estas trabas”.
