El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE aprobaron el pasado 16 de febrero una directiva conocida como Quick Fix que modifica algunos aspectos de MiFID para adaptarlos a estos tiempos de pandemia. En concreto, lo que se pretende con estas modificaciones es reducir la complejidad regulatoria y los costes de cumplimiento normativo de las empresas de servicios de inversión sin suponer ello ningún riesgo para mantener el objetivo fundamental de MiFID II: la protección de los inversores.
La directiva entrará en vigor aprobada está pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europa y se prevé que los Estados la traspongan a su ordenamiento jurídico en un plazo de 9 meses para aplicarla a los 12 meses de su entrada en vigor.
La lista de modificaciones
Desde la consultora FinReg 360 han elaborado un resumen en el que subrayan cuáles han sido las principales modificaciones de esta nueva Directiva. Lo reproducimos a continuación:
- Exenciones de los requisitos sobre gobernanza de productos. Se añaden a ellas dos más: cuando el servicio de inversión se refiera a bonos sin más derivados implícitos que una cláusula de reintegración, y cuando los instrumentos financieros se comercialicen o distribuyan exclusivamente entre contrapartes elegibles.
- Entrega previa de información sobre costes y gastos: Se podrá entregar esta información sin demora tras concluir la operación, cuando se utilice un medio de comunicación a distancia para la distribución de instrumentos financieros que impida su entrega previa.
- Envío de la información exigida en formato electrónico: Se debe entregar con este formato, salvo cuando el cliente o cliente potencial sea un cliente minorista y solicite recibirla en papel, que se le facilitará en este formato gratuitamente.
- Obligaciones de undbudling (separación de costes de análisis y ejecución): No será necesario cumplir con ellas cuando, entre otros requisitos, el análisis se refiera a emisores cuya capitalización bursátil durante el período de treinta y seis meses naturales anteriores no haya sido superior a 1.000 millones de euros.
- Análisis de costes y beneficios: En casos de recomendaciones de inversión de venta y compra simultáneas, se añade la obligación de comunicar al cliente si los beneficios del cambio son superiores a los costes que ese cambio lleva aparejados o no.
- Publicación de los datos sobre la calidad de la ejecución de las operaciones y el centro de ejecución de la orden: Se exime de estas obligaciones a los centros de ejecución y las empresas de servicios de inversión durante dos años, desde la entrada en vigor de esta directiva. Durante este período, la Comisión revisará exhaustivamente estas obligaciones para valorar su adecuación.
- Obligaciones de información cuando el cliente al que se prestan los servicios de inversión sea profesional o contraparte elegible: Se rebajan estas obligaciones, y se eliminan otras cuando se le considere profesional o contraparte elegible.
- Exenciones de la autorización como empresa de servicios de inversión: Se aclara esta exención cuando se trate de personas que negocian profesionalmente con derivados sobre materias primas o derechos de emisión o derivados sobre estos, cuando su actividad de negociación sea auxiliar con respecto a su actividad principal. Asimismo, se prevé un desarrollo por la ESMA de normas que permitan fijar los límites de posiciones sobre determinados derivados.
