El Gobierno chileno busca transformar a la actual Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en un órgano colegiado que siga el modelo del Banco Central, es decir, una Comisión de Valores y Seguros (CVS). El proyecto de ley cuenta con voces a favor, y
La reforma recoge recomendaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y busca introducir mejoras de eficiencia y normativas más predecibles en el organismo. Sin embargo, ayer, en el marco de un seminario realizado por Libertad y Desarrollo, los expertos Arturo Cifuentes (ex miembro de la comisión Desormeaux), y Alberto Etchegaray (ex titular de la SVS), junto a los diputados Jorge Burgos (DC) y Ernesto Silva (UDI), plantearon sus repartos al proyecto, informó Diario Financiero.
Cifuentes puso el foco en las remuneraciones de los consejeros, las cuales, señaló, no serían atractivas para los potenciales aspirantes. Asimismo, planteó su oposición a que el titular de la comisión, quien es designado por el presidente de la República y aprobado por 4/7 del Senado, tenga dedicación exclusiva en el cargo, mientras los consejeros sólo tendrán dedicación parcial.
Burgos, por su parte, valoró la potestad de la comisión de levantar el secreto bancario, aunque coincidió con Cifuentes en la inconveniencia de la dedicación parcial de los cuatro consejeros. Además, recomendó simplificar la declaración patrimonial de los consejeros, que debe ser jurada en una notaría cercana al domicilio de la CVS.
Por su parte, Silva criticó la creación de la figura de un fiscal que tendrá la potestad de levantar cargos, pero no de sancionar. “Será un fiscal muy empoderado pero que no se hará responsable”, dijo el parlamentario. Dicho esto, el diputado UDI planteó que sería más factible que los consejeros se constituyeran como fiscales “ad hoc” de manera rotativa.
Etchegaray, quien fuera superintendente entre 2006 y 2007, discrepa con la posibilidad de que el titular de la comisión pueda ser removido por el presidente de la República, mientras que los consejeros se mantendrán por un plazo fijo. El abogado concordó con Silva y señaló que hay un alto riesgo de que la figura del fiscal alcance una alta notoriedad pública, al levantar cargos pero sin hacerse responsable de los procesos sancionatorios.
Asimismo, si bien destacó que el proyecto considere la delación compensada, criticó la ausencia de incentivos económicos a la entrega de información, como sí se hace en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Por último, Etchegaray manifestó su preocupación ante la posibilidad de que sea la misma SVS la que deba evaluar el impacto regulatorio de las normativas que emite. Más bien, plantea que una tercera parte independiente debiera hacerse cargo del proceso. “Esto pone en evidencia la urgencia de crear la agencia evaluadora de políticas públicas”, argumentó.
