La integración regional traerá múltiples beneficios a los inversionistas, como el acceso a un mayor número de productos y la posibilidad de mejorar la diversificación de riesgos de sus portafolios, por mencionar solo dos de los más obvios. También promoverá progresos sistémicos, como la reducción de costos, el aumento de la competencia, y el desarrollo de administradores de fondos especializados y productos sofisticados.
Claro que el proyecto implica también múltiples desafíos que habrán de ser sorteados para llegar a su concreción. Deberán resolverse las diversas asimetrías que persisten entre los mercados de fondos mutuos de la región: el marco legal que reciben los fondos en cada país; el régimen tributario aplicado a las administradoras, a los inversionistas y a los fondos; la normativa que rige las inversiones extranjeras en cada país; el flujo de capitales y el control de cambios.
Para ello, será necesaria la participación de los poderes públicos. Claramente, los gobiernos de la región han dado muestras definitivas que los procesos de integración económica forman parte de sus respectivas agendas políticas, aunque no siempre al tope de sus prioridades.
Entonces serán los propios participantes de la industria de fondos mutuos de la región los que deberán impulsar la iniciativa, contagiando y envolviendo en sus esfuerzos a los reguladores, legisladores y gobiernos para lograr que la integración llegue a puerto.
Podemos acercar algunas cifras para ayudar a imaginar el tamaño del mercado que se alcanzará cuando ésta ambiciosa iniciativa se concretice. Del lado de la demanda, participarán más de 15 millones de inversionistas con un patrimonio de 1,260 billones, mientras que el lado de la oferta estará compuesto por al menos 550 administradoras que pondrán a disposición de sus clientes casi 12.300 fondos mutuos.
En ese sentido, la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN) ya definió los primeros pasos para alcanzar los objetivos de su plan estratégico: crear un portal de internet para publicar el marco legal, tributario y las normas de operación vigentes en cada país; diseñar una clasificación uniforme para todos los fondos mutuos de América Latina; y publicar mensualmente en forma consolidada los datos de crecimiento de la industria.
La aspiración es avanzar en la normalización de procedimientos y la creación de reglas operativas comunes. En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú existen clasificaciones específicas para los fondos mutuos y muchas veces se aplican criterios diferentes, lo que dificulta la unificación de los datos.
El otro pilar fundamental es la educación financiera de los inversionistas y de los asesores de inversión. Se requieren esfuerzos amplios y permanentes para fomentar la divulgación de conceptos como el planeamiento financiero como método para alcanzar objetivos, los beneficios de la extensión de los plazos de inversión y la diversificación de riesgos en las carteras.
El desafío no es menor. De un rápido análisis de la distribución de las inversiones por tipo de fondos, podría inferirse que el inversionista de la región no aplica aún algunos de los conceptos enunciados en el párrafo anterior.
Como muestra, puede señalarse que la participación de los fondos mutuos accionarios en el total del patrimonio administrado se ubica bien por debajo del 20% en todos los países, con excepción de Chile. En los últimos años ésta relación ha mejorado en forma visible, reflejando el mayor interés de los inversionistas por acompañar el buen momento que atraviesan los mercados bursátiles de la región.
Aún más manifiesto es el foco en el mercado doméstico. La diversificación internacional es apenas incipiente en algunos de los países de la región mientras que en otros, como Brasil y Colombia ni siquiera ha comenzado. Nuevamente en éste aspecto, los fondos mutuos chilenos se encuentran a la vanguardia de la región.
