Si bien el acuerdo está pendiente de ser aprobado, según el pacto alcanzado por los políticos de los tres países, Bélgica ha ofrecido la nacionalización por 4.000 millones de euros de Dexia Banca Bélgica, la filial belga de la entidad, y una garantía de 54.000 millones de euros para la entidad residual que concentrará los activos problemáticos.
“El estado va a estar presente en la filial belga. Si estamos al 100%, algo que no se excluye, no es para estar indefinidamente. No obstante, dada la amplitud de la crisis, no es descartable que siga presente en Dexia dentro de tres o cinco años”, indicó el ministro de Finanzas belga, Didier Reynders.
Una vez sea nacionalizada la filial belga, se buscarán compradores. La prensa local ya habla de posibles candidatos interesados, como Santander, BBVA, Société Générale y HSBC.
El "banco malo" tendrá activos por unos 90.000 millones de euros, que serán garantizados por los Estados belga (60,5 %), francés (36,5 %) y luxemburgués (3 %). De este modo, a Bélgica le corresponderá garantizar unos 54.000 millones de euros, en torno al 15 % del PIB; a Francia, 32.850 millones, y a Luxemburgo, 3.150 millones.
En Francia la solución pasará por la creación de un nuevo grupo dedicado a financiar a las colectividades locales, actividad de la que hasta ahora se encargaba la fallida entidad. En lo que respecta a la división de Luxemburgo, ésta podría venderse a un inversor internacional. En este sentido, el fondo soberano de Qatar ya anunció esta semana su interés por hacerse con la entidad.
Además, de manera paralela, se creará un banco malo encargado de acumular los activos tóxicos que han desestabilizado la financiera hasta hacerla caer. Esta división, que contará con la garantía de París y Bruselas, será la única que sobreviva al desmantelamiento de la entidad.
Reynders explicó que los actuales accionistas de Dexia pasarán a la entidad residual con activos tóxicos y recalcó que "cuando una entidad tiene problemas, los accionistas tienen que pagar primero y no el contribuyente".
Asimismo, aclaró que en el Estado no tiene un interés particular en hacerse con entidades bancarias sino que su único objetivo es evitar el perjuicio de los ciudadanos y estimó que tendrán que ser propietarios de Dexia hasta que la crisis haya pasado.