La ley tiene como objetivo: (1) promover la estabilidad financiera de los Estados Unidos mediante la mejora de la rendición de cuentas y la transparencia del sector financiero, (2) poner fin a la noción de “demasiado grande para caer” (too big to fail), (3) proteger al contribuyente estadounidense a través de terminar con los rescates a estas entidades, y (4) proteger a los consumidores ante las prácticas abusivas de servicios financieros.
Para lograr estos objetivos tan amplios, la Ley incluye muchas determinaciones cuya magnitud no será apreciada plenamente hasta que los reguladores las hayan implementado mediante la adopción de nuevas reglas. En este sentido, durante el año pasado, la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos (SEC) finalizó una serie de determinaciones, completó una serie de estudios y reportes para el Congreso, y expuso varias propuestas para comentario público.
Las reformas más sustanciales de esta nueva regulación son las siguientes:
1. Protección de los consumidores: esta tarea, antes repartida entre diversos organismos de regulación, es confiada a uno nuevo, la Oficina de Protección Financiera de los Consumidores, alojada en el seno de la Reserva Federal (Banco Central, FED), pero con un director independiente nombrado por el Presidente y confirmado por el Senado. Este organismo es el encargado de definir las reglas que se aplican a la mayoría de los productos financieros de consumo corriente (préstamos inmobiliarios, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, etc.)
2. Prevención de riesgo sistémico: creación del Consejo de vigilancia de la estabilidad financiera que reúne representantes del gobierno y de los principales reguladores. Esta nueva instancia estará encargada de prever los riesgos en el conjunto del sistema y coordinar las acciones para evitarlos.
3. Fin de rescates estatales: el instrumento legal afirma que no se podrá apelar al dinero de los contribuyentes para salvar empresas financieras en dificultades o pagar el costo de su desmantelamiento. La norma fija un sistema de “liquidación ordenada”. Los bancos deberán tener por escrito instrucciones con los pasos a seguir en caso de tener que ser desactivados rápidamente.
4. Reglamentación de productos derivados: obligación de intercambiar todos los productos derivados estandarizados por medio de una cámara de compensación, lo que permitirá darle transparencia al mercado y facilitar su regulación. Los grandes bancos podrán intercambiar productos derivados sólo para prevenirse contra algunos riesgos o si se trata de contratos de cobertura contra el riesgo de tasa de interés o tasa de cambio. Los bancos deberán escindirse luego de dos años de actividades relativas a otro tipo de derivados, como los contratos contra el riesgo de deuda del país o de las empresas. Esta cláusula deriva directamente de la crisis financiera de otoño (boreal) de 2008, tras la utilización a ultranza de los productos derivados que llevaron a varios bancos a la quiebra.
5. Fondos de cobertura. La ley impone que los mismos deben registrarse ante el regulador bursátil estadounidense, SEC, si administran fondos superiores a 150 millones de dólares. Estos fondos de cobertura o especulativos (“hedge funds”) manejaban miles de millones de dólares hasta ahora, aunque sin un verdadero control, con el riesgo de desestabilizar el conjunto del sistema financiero cuando se encontraban en peligro.
6. Bursatilización. Obligación para los emisores que practican la bursatilización de préstamos (transformación de préstamos en títulos financieros) de retener una parte del riesgo ligado a los mismos (al menos 5%). La acción masiva sobre los préstamos inmobiliarios fue una de las causas de la crisis financiera de otoño de 2008. Preocupada por la transparencia, esta ley obliga a los emisores a brindar más información sobre sus productos.
7. La regla Volcker. Se prohibirá a los bancos, que tengan apoyo financiero del Estado, hacer apuestas en el mercado con fondos propios.
8. Derivados extrabursátiles. Gran parte del tráfico de derivados extrabursátiles se haría a través de canales más transparentes, como bolsas, plataformas electrónicas y cámaras de compensación centrales.
9. Más supervisión en liquidaciones. Se generalizará la supervisión hacia las firmas que liquidan pagos entre las instituciones financieras.
10. Regulación a agencias calificadoras. Se crearía una nueva oficina de la SEC para este fin. Las agencias estarían expuestas a más riesgos legales.
11. Bonos a ejecutivos. Las corporaciones tendrían que permitir recuperar los pagos a ejecutivos si se comprueba que están basados en información financiera no precisa.
12. Préstamos de la FED. El financiamiento de emergencia tendrá escrutinio del Congreso, pero no su decisión sobre las tasas de interés.
Además, la nueva ley pretende reforzar el marco internacional, mejorar la supervisión global de los mercados financieros, aumentar la supervisión de firmas financieras internacionales, reformar la prevención de crisis y su gestión por las autoridades y procedimientos, aumentar el papel del FSB (“Financial Stability Board”), impulsar las normas de supervisión prudencial, incluir mejores prácticas remuneratorias y promover estándares más elevados en los siguientes aspectos: normas prudenciales, impuestos, áreas de intercambio de información, contabilidad y supervisión de las agencias de calificación crediticia.
Finalmente, la SEC continúa trabajando en las reglas propuestas y para revisar los comentarios que ha recibido sobre ellas. En términos de las reglas que están por venir, la Ley Dodd-Frank le pide a la SEC que establezca reglas sobre la compensación de los altos ejecutivos de instituciones financieras, lo cual se está discutiendo para su posterior implementación.
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