El Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, en sus siglas en inglés) nace del objetivo de gobiernos y líderes empresariales de la Unión Europea de conseguir una economía sostenible. Para lograr un impulso efectivo en este sentido el capital debe dirigirse hacia iniciativas que promuevan y permitan una economía más sostenible. Es en este contexto en el que nace el SFDR que tiene un año de andadura. ¿Qué es?, ¿a quién afecta?, ¿cómo ha impulsado la inversión sostenible? Lo analizamos todo en esta entrada de Glosario de FundsPeople.
¿Qué es el SFDR?
El SFDR son las siglas en inglés que hacen referencia al Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles que se engloba dentro del Plan de acción de la UE sobre finanzas sostenibles. Este Plan consta de un conjunto de normativas interconectadas diseñadas para fomentar la inversión sostenible y el SFDR, que entró en vigor el 10 de marzo de 2021, es una parte clave del Plan.
Tal como explica J.P. Morgan en este post, "el SFDR tiene por objetivo ayudar a los inversores proporcionando más transparencia sobre el grado en que los productos financieros presentan características medioambientales y/o sociales, invierten en inversiones sostenibles o cuentan con objetivos sostenibles". La idea es que la información esté presentada de una manera más normalizada que facilite a los inversores distinguir y comparar las numerosas estrategias de inversión sostenible disponibles en la actualidad.
¿A quiénes afecta el Reglamento SFDR?
El ámbito de aplicación del reglamento SFDR es muy amplio. En este artículo señalábamos que esta normativa resulta aplicable a los asesores financieros, así como a los participantes del mercado financiero que engloban los gestores de activos, las sociedades de inversión y las instituciones de crédito que proporcionan una gestión de cartera, además de algunos propietarios de activos.
Este criterio hace que los fondos de pensiones, las compañías de seguros y otros actores entren dentro del ámbito de aplicación del reglamento.
Las clasificaciones para las inversiones
Ya apuntábamos al comienzo del artículo que la misión del SFDR es ayudar a los inversores a elegir entre productos con distinto grado de compromiso con la inversión sostenible. El SFDR promueve una clasificación de los productos financieros en tres categorías. Para ello, se requiere de información proporcionada por los gestores de activos y los asesores de inversión con respecto a cómo abordan dos consideraciones clave: los riesgos de sostenibilidad y las principales incidencias adversas.
Artículo 6. Productos que integran riesgos de sostenibilidad. En estas estrategias se integran consideraciones medioambientales, sociales o de gobierno corporativo (ESG) en el proceso de toma de decisiones de inversión, o bien explican por qué el riesgo de sostenibilidad no es relevante.
Artículo 8. Productos que promocionan características de sostenibilidad. Estas estrategias integran de manera explícita consideraciones medioambientales y/o sociales en su gestión. Va un paso más allá del artículo 6, pero sin un objetivo de inversión sostenible. En nuestro glosario de FundsPeople Learning tenemos una entrada solo del Artículo 8 por si quieres profundizar.
Artículo 9. Productos con un objetivo de inversión sostenible. Estos productos se distinguen mediante la definición de un objetivo de inversión sostenible explícito aplicable al producto, es decir, el resultado. Se debe explicar cuáles son sus objetivos de inversión, cómo pretenden conseguir esos resultados y cómo medirán dichos resultados mediante métricas relacionadas con la sostenibilidad. Aquí tenéis más información sobre este artículo.
Pero ¿quién determina si un producto está incluido en el Artículo 8 o en el Artículo 9, o en ninguno de ellos? Al tratarse de una normativa que hace referencia a la divulgación y no a la prescripción, es responsabilidad de la entidad que fabrica y/o proporciona asesoramiento en relación con el producto financiero definir su clasificación.
¿De qué manera afecta el SFDR a la industria financiera?
Según explica en esta tribuna Ana Gasca Elosegui, directora general para Iberia de NN IP, con este nuevo reglamento "los participantes del mercado como gestores de activos y asesores financieros desempeñarán una función central en aplicar el Plan de Acción de la UE”. En el sentido que ahora “las gestoras de activos ya no podrán limitarse a afirmar sin más que disponen de fondos sostenibles. Deberán demostrarlo, y también que sus procesos de toma de decisiones de inversión, gestión de riesgos y divulgación de productos están plenamente alineados".
¿Dónde estamos un año después?
Josefina García Pedroviejo, social y responsable de Financial Service en el despacho Pérez-Llorca apunta, en este artículo que publicamos en la revista de marzo, a que el SFDR es una norma que se enmarca dentro del ambicioso Plan de acción en materia de finanzas sostenibles. Por lo que el balance de este primer año solo puede ser provisional. Lo argumenta por varias razones. La primera que “pese a haber entrado en vigor, precisa todavía de una serie de desarrollos reglamentarios para poder desplegar la totalidad de sus efectos”. Y, en segundo lugar, añade que "la complejidad y el gran número de normas que integran este paquete regulatorio dificulta su aplicación por parte de las entidades".
Sin embargo, explica que "el Reglamento de Divulgación ya ha comenzado a tener cierto impacto en nuestro día a día. Su uso ha trascendido de los departamentos legales y de la documentación técnica al día a día en nuestro sector. Según la experta “esta calificación se ha convertido en una especie de etiqueta". Explica que lo que "parecía que en principio aplicaría como una simple clasificación jurídica se ha convertido en una suerte de marca o denominación”.
Superar obstáculos
Hoy en día en nuestro país el número de vehículos clasificados como articulo 8 o 9 todavía es muy limitado. En este sentido, Kristina Church, directora de Estrategia Responsable en BNY Mellon IM, explica que "el Reglamento SFDR es un paso en la buena dirección, pero el sector de la gestión de activos aún debe superar muchos obstáculos". Entre las trabas que se siguen encontrando los inversores señala la falta de estandarización y la discrepancia entre los proveedores de datos. Además, apunta a la necesidad de que la comunidad inversora tenga en cuenta los aspectos sociales. Sobre este tema espera "que en 2022 los reguladores se centren en definir claramente una clasificación o taxonomía social más significativa".