TRIBUNA de Ricardo Paredes, profesor Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro de la Comisión de Reforma Previsional de Chile, publicada por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP).
El Sistema de Pensiones de Chile ha tenido algunos hitos importantes. El primero tuvo lugar a principios de los 80, cuando se crea el sistema de capitalización individual. El segundo, en el 2008 cuando hay una reforma a partir de las recomendaciones de una comisión designada presidencial, la Comisión Marcel, que crea un pilar solidario para el 60% de la población con los menores ingresos y que está financiado con impuestos generales. También hay otras medidas como licitación de carteras, un bono por hijo y otras.
El tercero fue entre el 2011 y el 2014, cuando se da una ola creciente de protestas estudiantiles y se instaura fuertemente la idea de una sociedad de derechos. Las demandas no fueron en absoluto contenidas, por el contrario, el sistema político las reforzó. Todo ello se tradujo en parte en el programa de gobierno. Luego se creó la Comisión de Pensiones, liderada por David Bravo, que funcionó entre el 2014 y 2015, para sugerir reformas según el Programa. En Septiembre de 2015 se publicó el Informe de la Comisión.
En el programa de gobierno se recoge la idea de los derechos, y se manifiesta que existe un descontento con la calidad de las pensiones. Luego de años de esfuerzo en el mercado laboral, la pensión que no se condice con las expectativas de la gente. De ahí se mandata en el mismo programa de gobierno, que para aspirar a una vejez digna y protección frente a la invalidez y sobrevivencia, se encargará este estudio sobre el sistema de pensiones a un equipo de expertos nacionales e internacionales para proponer las alternativas de solución.
La Comisión creada es muy heterogénea en su formación y en sus intereses. Presenta 24 miembros. Es destacable la altísima reputación académica en economía de algunos de esos miembros. Por ejemplo, Nicholas Barr, Olivia Mitchell, Costas Maguir y Orazio Attanasio, profesores full time en universidades muy prestigiosas en Estados Unidos y en Inglaterra. Se hizo un esfuerzo muy importante de integrar a estos miembros internacionales a través de 10 sesiones con ellos. Además, la Comisión contempló 65 sesiones de trabajo en español y 78 audiencias públicas, visitas a regiones para recibir la opinión de la gente sobre lo que creen o evalúan sobre el sistema de pensiones (30 diálogos regionales).
El diagnóstico a partir de la discusión indicaba que:
(i) había un consenso sobre las bajas pensiones y la necesidad de aumentarlas;
(ii) pensión no contributiva es autofinanciada y se ha ido incrementando en el tiempo en la medida de los recursos disponibles;
(iii) la tasa de cotización es comparativamente baja, del 10%;
(iv) el costo fiscal de la transición llegó a ser 5% del PIB en 1984, y después ha ido cayendo;
(v) hay una mezcla conceptual y metodológica que dificulta dirimir qué causa los niveles de las pensiones y en particular cuál es el rol que cumplen las AFP.
En la discusión se pueden destacar ciertos hitos:
(i) El origen, la legitimidad y las expectativas son temas muy centrales por parte importante de miembros de la comisión, y representan argumentos difíciles de contrarrestar. Sin embargo, en la comisión lo práctico empieza a superar lo filosófico, y comienza a haber una claridad de que todos en el grupo queríamos un propósito común: mejorar la situación de la gente más de edad.
(ii) En la conversación se hace más explícito que el tránsito desde capitalización al reparto hace muy atractiva la reversión: uno puede mejorar rápidamente las pensiones con el dinero de los trabajadores hoy día, sin que eso tenga ninguna consecuencia sino hasta muchos años después: algunos miembros de la comisión empezamos a insistir bastante con la necesidad de que cualquier solución tenía que ser sustentable y considerarse a las generaciones futuras. O sea, un sistema de pensiones no puede evaluarse para los próximos 10 años, se tiene que pensar en 50 años por lo menos.
(iii) Faltó de claridad sobe la interpretación de las tasas de reemplazo. La casuística tomó un rol muy importante en esto. Hay mucha gente que muestra su última liquidación de sueldo y su pensión, y uno observa ahí tasas de reemplazo que perfectamente podrían ser del orden del 30%. Por ejemplo, se muestra el caso del hermano que estaba en el sistema antiguo y se mantuvo en el sistema antiguo, con el hermano que se cambió al sistema nuevo, y las pensiones son muy distintas. Cuando uno entra a investigar, por ejemplo, y a entender qué pasó con esos dos hermanos, uno se da cuenta que, por ejemplo, el hermano que se quedó en el sistema nuevo y siguió trabajando en el sector público, el sector público por varios años no le cotizó lo que debía cotizarle, y uno puede empezar a armar un puzzle, pero eso va más allá de comparar dos liquidaciones.
(iv) Fue muy importante el aporte externo a temas técnicos. Son muchos temas, y muy diversos, donde la especialidad de cada uno impedía que todos supieran de todo, y por lo tanto recibir feedback de personas de afuera fue muy importante, sin perjuicio de que hubo ausencia de discusión en varios temas y hubo un avance somero.