Firmada por dos sociedades, Liuniaski SL y Marine Instruments S.A, que son clientes del banco y partícipes de un fondo de Banco Madrid Gestión de Activos.
Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional, ha admitido a trámite la querella firmada por dos sociedades, Liuniaski SL y Marine Instruments S.A (siendo la primera propietaria mayoritaria de esta última), contra Banco Madrid y sus siete exconsejeros por hechos que podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales.
Los motivos señalados por dichas entidades son que tanto el Banco como sus consejeros, entre los que se encuentra el ex presidente y consejero delegado de la firma, José Pérez y Miquel Prats, respectivamente, “pusieron la entidad a disposición de quienes quisieran blanquear dinero, suprimiendo o minimizando los controles internos a que venían obligados”.
Estos querellantes, señala el auto, son clientes de Banco Madrid y, al mismo tiempo, mantienen posiciones en el fondo Banco Madrid Renta Fija. Según indica este escrito, el patrimonio de Liuniaski SL en este vehículo asciende a los 2 millones y medio, mientras que Marine Instruments S.A reune cerca de 700.000 euros.
La querella llega al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional al entender que “los hechos pudieran afectar a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia, y por su repercusión de forma grave en el tráfico mercantil o en la economía nacional”. En ella se relatan los motivos por los que el Banco de España decidió intervenir Banco Madrid, además de aludir a las circunstancias que han conducido a la situación concursal de esta entidad al hallarse en situación de insolvencia inminente. Asimismo, que los datos de determinados clientes de Banco Madrid no se encontraban en los servidores informáticos de esta entidad, sino en poder de su matriz, Banca Privada de Andorra, en aquel país.
La causa y las consecuencias de todos estos hechos, indica el juez Andreu, “deben ser objeto de investigación penal en esta sede ya que podría haber causado numerosos perjuicios, no solo a los depositantes e inversores, como los que ahora se han querellado, sino a la propia entidad y la economía nacional en su conjunto”.
Todo ello, subrayan, da competencia a este Juzgado para recabar toda la información necesaria para valorar el alcance de las diligencias que deban ser practicadas. De ahí que hayan solicitado a la Fiscalía contra la Corrupción el resultado de las investigaciones realizadas hasta la fecha.
