Las finanzas sostenibles son uno de los pilares en el Plan de Actividades de la CNMV para los próximos años. En ese sentido, Montserrat Martínez Parera, vicepresidenta de la CNMV, ha aprovechado el acto de presentación del informe «Productos financieros para la transición energética» de FUNCAS, para analizar los nuevos requerimientos del Reglamento europeo de divulgación.
En su opinión, «el sector español de servicios de inversión está bien preparado para hacer frente a las nuevas demandas y ha hecho un gran esfuerzo de adaptación», asegura. Según los datos de la CNMV, ya hay registrados unos 60 fondos que declarar promover la sostenibilidad y un fondo con objetivo de inversión sostenible. Y la tendencia es creciente. Otros 64 están en proceso de actualizar sus folletos como promotores de sostenibilidad y nueve adicionales como fondos sostenibles. «En total, es probable que a corto plazo tengamos algo más de 130 fondos que declaran que promueven o tienen como objetivo la sostenibilidad», ha avanzado Martínez Parera.
Desde el 10 de marzo, las gestoras tienen que informar en dos ámbitos. Por una parte, sobre cómo integran los riesgos de sostenibilidad en sus decisiones de inversión y en las políticas de remuneración. También sobre las incidencias adversas que sus decisiones pueden tener sobre los factores de sostenibilidad. Y por otra, deben ofrecer información detallada adicional sobre los productos. En los casos en los que la gestora declare que el fondo promociona características medioambientales o sociales (según el artículo ocho, los light green). Y por otro, en aquellos en los que se declare que el fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (según el artículo 9, los dark green).
Pues bien, según los datos de la CNMV, el 85% de las gestoras ya han presentado la documentación de la actualización de los folletos de los fondos de inversión.
Falta de homogeneidad
En los últimos años, ante la falta de un marco completo, las entidades han desarrollado estándares para dar respuesta a esta demanda. Sin embargo, «la falta de homogeneidad y de criterios comunes ha derivado en una pluralidad excesiva de metodología y marcos, y en una dificultad para poder comparar la información publicada por las empresas», ha advertido Martínez Parera.
En su opinión, la regulación de las finanzas sostenibles debería cumplir tres requisitos. Primero, ayudar a las empresas a gestionar sus riesgos climáticos y a financiar la transformación de su negocio; segundo, ofrecer la información necesaria a los inversores, para que estos puedan comparar y tengan información fiable sobre los riesgos y el tipo de exposición que asumen; y tercero, permitir el desarrollo de nuevos instrumentos de financiación y nuevas vías de canalización del ahorro.
En ese sentido, desde la CNMV valoran positivamente el avance de las autoridades europeas. «Disponemos ya de una taxonomía que, si bien aún no está completa, sienta las bases para clasificar las actividades económicas sostenibles en toda la Unión Europea», asegura. A este respecto, reconoce que aún quedan elementos que desarrollar, como los criterios técnicos de selección o el detalle de las nuevas obligaciones de información.
También se está estudiando el desarrollo de una taxonomía social. Y, del mismo modo, se está trabajando para evitar que la clasificación de actividades sea demasiado binaria, «lo que permitiría tener en cuenta actividades económicas que, sin cumplir con los criterios más estrictos de sostenibilidad, contribuyen a facilitar la necesaria transición», ha rematado.
