Con motivo de la entrada en vigor el próximo 2 de agosto del Reglamento europeo de Sostenibilidad 2021/1253, del 22 de abril de 2021, que obligará a preguntar a los clientes sobre sus preferencias de sostenibilidad, la CNMV ha publicado un comunicado. En éste, recuerda a las entidades algunas directrices para la implementación de la norma e insta a éstas a "contribuir al conocimiento de los inversores sobre la materia".
Según la citada norma, las entidades deberán integrar las preferencias de sostenibilidad del cliente en el proceso de evaluación de la idoneidad cuando prestan asesoramiento en materia de inversión o gestión discrecional de carteras. "Esta evaluación tiene como objetivo recomendar o integrar en las carteras de los clientes instrumentos financieros idóneos, en el sentido de que deben estar ajustados a sus objetivos de inversión, situación financiera y conocimientos y experiencia", explican desde el regulador. En definitiva, la integración implicará tener en cuenta las preferencias de sostenibilidad del cliente como un elemento más. Así, las entidades deben primero evaluar los otros objetivos de inversión, el horizonte temporal y las circunstancias individuales del cliente o potencial cliente y después preguntarle por sus preferencias de sostenibilidad.
El reglamento también recoge dos cuestiones adicionales: "por un lado, la integración de los riesgos de sostenibilidad en las políticas y procedimientos de gestión del riesgo; y por otro, la consideración de aquellos tipos de conflictos de intereses que se deriven de la integración de las preferencias de sostenibilidad del cliente al identificar los tipos de conflictos de intereses cuya existencia pueda menoscabar los intereses los clientes", explican en el comunicado.
Nuevas obligaciones
La CNMV destaca a las entidades que las nuevas obligaciones resultan aplicables a partir del 2 de agosto de 2022. Por tanto, "las entidades deberán haber adaptado sus sistemas y procesos de forma que sean capaces de realizar las preguntas pertinentes a sus clientes para identificar sus preferencias en relación con la sostenibilidad, cuando deban realizar un test de idoneidad", recuerdan. Esto es, para los nuevos clientes a los que se comience a prestar servicios de asesoramiento o gestión de cartera o cuando proceda la actualización del test. En cualquier caso, los clientes previamente evaluados deben tener la opción de actualizar la información para la evaluación de la idoneidad incluidas sus preferencias de sostenibilidad a su propia iniciativa en cualquier momento.
En el comunicado recuerdan a las entidades que pueden tomar como referencia general las Directrices de ESMA sobre determinados aspectos de los requisitos de MiFID II relativos a la idoneidad. Están puestas a consulta pública aunque debe tenerse en cuenta que previsiblemente el contenido de las Directrices finales será diferente en algunos aspectos que en este momento no se pueden concretar.
El regulador hace hincapié en la formación de los trabajadores de las entidades: "Resulta fundamental que el personal de las entidades que recopile la información de los clientes cuente con los suficientes conocimientos para poder explicarles en un lenguaje sencillo y de manera comprensible los diferentes aspectos sobre los que se recaban sus preferencias", subrayan. Por eso, desde la CNMV consideran "muy relevante contribuir al conocimiento de los inversores sobre la materia y se elaborarán diversos recursos en el marco de la educación financiera".
Directrices de ESMA
ESMA está trabajando en la actualidad en la revisión de las Directrices relativas a determinados aspectos relacionados con los requisitos de MiFID II sobre idoneidad con el objetivo; entre otros, de incorporar la integración de las preferencias de sostenibilidad del cliente en el proceso de evaluación de idoneidad. Las Directrices han sido objeto de consulta pública entre febrero y abril de 2022, y las numerosas respuestas recibidas están siendo objeto de valoración por ESMA en la redacción del Informe Final de las Directrices. La aprobación de las Directrices está prevista que tenga lugar en septiembre u octubre de 2022 y su entrada en vigor podría producirse seis meses después de su traducción a todas las lenguas oficiales.
La CNMV tiene intención de incorporar las directrices, una vez entren en vigor, en sus procedimientos de supervisión.
