El auge de las criptodivisas en los últimos tiempos ha llevado a las autoridades a estrechar el cerco de supervisión en torno a estos productos. En aras de la protección del partícipe, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España han emitido un comunicado conjunto en el que alertan de que en los últimos meses, numerosas criptomonedas, entre ellas Bitcoin y Ether, “han experimentado elevada volatilidad en sus precios, lo cual ha sido acompañado de un aumento significativo de la publicidad, en ocasiones agresiva, para atraer inversores”.
Así, recuerdan el riesgo que este tipo de inversiones acarrean, entre otros factores, una “extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia”, lo que las convierte “en una apuesta de alto riesgo”.
En ese sentido, recuerdan que “no existe todavía en la Unión Europea un marco que regule los criptoactivos como el Bitcoin, y que proporcione garantías y protección similares a las aplicables a los productos financieros”. Actualmente, se está negociando a nivel europeo un Reglamento (conocido como MiCA) que tiene como objetivo establecer un marco normativo para la emisión de criptoactivos y los proveedores de servicios sobre estos.
Otras consideraciones
Desde ambas instituciones recuerdan a los inversores que estos activos “no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores”.
Según CNMV y el Banco de España, se estima que hay más de 7.000 criptomonedas en el mercado con características similares a las del Bitcoin. Por eso, insisten en que “se trata de instrumentos complejos, que pueden no ser adecuados para pequeños ahorradores, y cuyo precio conlleva un alto componente especulativo que puede suponer incluso la pérdida total de la inversión”.
Y es que los precios de las criptodivisas se forman “en ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación, como los presentes en los mercados regulados de valores”, subrayan. En muchas ocasiones se forman también sin información pública que los respalde. Además, muchas de ellas pueden verse “carentes de la liquidez necesaria para poder deshacer una inversión sin sufrir pérdidas significativa”, matizan.
Por otra parte, apelan a los problemas derivados de su carácter transfronterizo, ya que en muchas ocasiones los distintos actores implicados en la emisión, custodia y comercialización de criptoactivos no se encuentran localizados en España o, en algunos casos, incluso, no es posible su localización, por lo que la resolución de cualquier conflicto podría resultar costosa y quedar fuera del ámbito de competencia de las autoridades españolas, recuerdan.
