El pasado 17 de diciembre, la SVS pidió a las bolsas de valores, empresas de depósito y custodia, así como a las administradoras de fondos, un diagnóstico sobre el impacto de la ley. Cruz del Sur, una de las administradoras consultadas, señala que, desde el punto de vista legal, la ley Fatca “podría afectar la esencia de los fondos mutuos y de inversión, así como los servicios de administración de cartera en Chile, ya que la normativa obligaría a las Administradoras a retener dinero de los clientes en caso que éstos incumplan la legislación de EEUU”.
“Consideramos que afecta los derechos fundamentales de los clientes, ya que no existe legislación en Chile que permita realizar las retenciones señaladas en la norma que se nos consulta en oficio circular, por lo cual el hecho de retener dineros en forma arbitraria e ilegal por parte de una administradora podría generar graves conflictos judiciales con sus clientes”, señala la administradora.
Además, la administradora advierte sobre las dificultades que supone determinar el número de clientes con nacionalidad o residencia en EEUU, y su relevancia relativa respecto de los demás clientes de la AGF, a lo que se suma que “habría que cambiar los procesos de aportes y rescates de cuotas de fondos mutuos y de cuotas de fondos de inversión”.
Se requiere la participación del Gobierno
Por su parte, la Asociación de Bancos e Institutiones Financieras (ABIF) señaló en un análisis las implicaciones que supondría para el sistema financiero chileno la aplicación de esta ley. Una de sus principales conclusiones es que resulta indispensable que el gobierno se involucre "participando en el diseño de un 'paraguas legal' que permita a las instituciones afectadas concentrarse en las complejidades operacionales, además de un razonable transición para su puesta en práctica".
En el documento, firmado por el gerente general del gremio, Ricardo Matte, la asociación también indica que las instituciones a las que representa están dispuestas a cumplir la ley pero advierten que, en el caso de que las entidades locales no se quieran exponer a sufrir la retención del 30% de sus flujos provenientes de EE.UU. tendrían que abstenerse a realizar operaciones en el país. Una situación que, "en el escenario financiero global actual es, a todas luces, impracticable."