MiFID II supone un reto y una inversión importante para las entidades financieras y, al mismo tiempo, una oportunidad para firmas tecnológicas que ayuden a las anteriores a optimizar el cumplimiento de la regulación. Es el caso de Nuance, una compañía que propone a los grupos financieros el servicio de monitorizar el 100% de las comunicaciones (escritas o habladas) de los banqueros con sus clientes.
“No se trata de un producto MiFID”, señala Marcos Piña, director de Ventas de Nuance Enterprise para Iberia, sino de una serie de soluciones que ayudarán a las entidades bancarias en el cumplimiento de la normativa. Para ellas ponen a su disposición una herramienta que permite transcribir las conversaciones, una verificación de las participantes en la conversación (huella de voz) y un análisis de las comunicaciones.
“No sólo hay que enfocarlo desde el punto de vista del cumplimiento regulatorio, sino como una herramienta para mejorar procesos, la calidad comercial… En definitiva, se trata también de big data”, apunta Piña, quien sitúa el coste de este servicio en un rango de los 50.000 hasta los 4 millones de euros. Este coste irá en función del número de horas de audio, emails, chats y otro tipo de factores, como las lenguas con los que trabaje la entidad. “Somos los únicos que cubrimos 80 idiomas”, destaca. Por el momento, tres entidades han contratado su servicio de transcripción de llamadas.
Piña calcula que para entidades TIER 1, como pueden ser Santander o BBVA, los costes de implementación de MiFID II pueden exceder los 40 millones de euros. Los bancos del TIER 2 o 3 gastaran entre 2 y 8 millones de euros.
En España, salvo las grandes firmas que tienen los deberes hechos, destaca Ana García, socio directora del área de derecho regulatorio del departamento bancario y financiero de Baker McKenzie, muchas entidades están ralentizando la implementación de MiFID II por miedo a que la ley final difiera del borrador. Según García, presente en una jornada organizada por Nuance centrada en el papel de la tecnología en la nueva regulación, todo hace pensar que la norma podría estar aprobada en junio de este año. En este sentido, García destaca que “somos con diferencia los más retrasados de Europa”.
Tal y como explica García, la normativa va a implicar un desembolso importante en todas las entidades tanto en asesores legales expertos en MiFID II como en medios tecnológicos que permitan adaptar los procesos y los registros a los nuevos requisitos exigidos por la normativa.
"Si bien es cierto que muchas entidades perciben esta nueva normativa como una amenaza a su operativa actual o consideran que determinadas obligaciones de información son demasiado exigentes, la realidad es que tendrán que adaptarse al nuevo reglamento si no quieren hacer frente a elevadas sanciones que van desde los 600.000 euros hasta los cinco millones de euros o el 10% del volumen de negocios total anual", explica García. "Por ello, la implementación de nuevas tecnologías como el reconocimiento de voz puede ser el complemento perfecto para ayudar a estas organizaciones a adaptarse a la nueva regulación", añade.