Con el Brexit en ciernes, Alemania toma posiciones y aprovecha la revisión de MIFID II, prevista en 2020, para intentar revertir esta norma en aspectos que considera ineficaces.
Con la vista puesta ya en lo será el primer gran proceso de evaluación de MiFID II en la primavera de 2020, el Ministerio Federal de Finanzas de Alemania lanzó a comienzos de este año una consulta pública para elaborar lo que será la posición de Alemania ante la Comisión Europea de cara a reclamar los cambios necesarios. Para los expertos en regulatorio reunidos en la XI edición del Debate Legal FundsPeople, la revisión de MiFID II en 2020 podría ser un primer paso para revertir aquellos aspectos de la norma que no están funcionando. Entre las muchas sugerencia ya recibidas en Alemania, destaca la del Comité de la Industria Bancaria (GBIC en sus siglas en inglés) realizada sobre la base de un estudio de la Universidad Ruhr de Bochum para el que se entrevistó a unos 2.800 clientes no institucionales y 150 bancos en Alemania. El objetivo, comprobar si las mayores cargas regulatorias derivadas de cumplir con MiFID II y MiFIR (cifradas en el estudio en unos 3,7 millones de euros de media en cada entidad bancaria) se compensan con un aumento del beneficio (en términos de protección) para los inversores. Si hasta ahora la percepción general de los expertos en regulatorio y de profesionales de la industria era que no, este estudio lo confirma de manera rotunda.
Como así destaca Alfredo Oñoro, de Cecabank, “el estudio de impacto de MiFID II que están haciendo los alemanes tenía que haberlo hecho la Comisión antes de proponer la revisión de la norma”. En este estudio, explica Oñoro, se concluye que los clientes no aprecian realmente parte de las mejoras de la nueva regulación. Además, se afirma que el aumento de la información podría generar confusión, que muchos clientes han quedado fuera del asesoramiento por el coste y que, en consecuencia, parte de ellos podrían dejar de invertir. Cristina López Ventureira, de Alantra, confirma desde su experiencia que “el exceso de información está produciendo desconfianza en el cliente, que termina llevando la documentación a su abogado para que sea quien la estudie”.
El futuro de MiFID II
Natalia López-Condado, de Clifford Chance, incide en la incertidumbre constante que rodea la norma. “No es solo que tengamos ya la revisión de MiFID II sobre la mesa”, explica, “es que ya hay nueva normativa que está modificando MiFID II en aspectos como, por ejemplo, el régimen de entidades de terceros Estados que quieran prestar servicios de inversión dentro de la UE”.
Elisa Ricón, de Inverco, también recuerda el impacto de MiFID II en los modelos de distribución. “En una encuesta de opinión que Inverco ha realizado entre gestoras para ver hacia donde se encaminan sus distribuidores”, explica Ricón, “se confirma que venimos de un mundo de comercialización y ahora más del 70% de las gestoras prevé un redireccionamiento hacia el asesoramiento no independiente, sobre el 15% al independiente y el resto a comercialización”. En esta línea, durante la asamblea de Inverco, el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, hizo referencia al significativo incremento en el
número de clientes minoristas que reciben alguna modalidad de asesoramiento, que experimenta una tasa de aumento del 78%, situando el número total de inversores asesorados en cerca de los dos millones. Ricón confirma esta evolución, y destaca también el peso de la gestión discrecional de carteras en este nuevo entorno.
Test de conveniencia
Otro foco de preocupación de los expertos son el test de conveniencia y el de idoneidad. Sobre el primero, y más allá de la complejidad de la elección de las preguntas, López Ventureira pone el acento en la necesidad de revisión constante para ir incorporando los últimos criterios de ESMA y la CNMV y la complejidad añadida de la percepción que el cliente tiene de algunas preguntas y del perfil que de ellas resulta. Sobre el test de conveniencia, López-Condado destaca “el problema en torno a la autoevaluación por el cliente y a la preocupación de ESMA de que la entidad tenga capacidad y herramientas para, en esos casos, contrastarla misma”.
Para Oñoro la solución es clara: “Si los supervisores quieren solventar los problemas vinculados a los diferentes tests, está en su mano la elaboración de modelos que, al menos, fijen las bases”. En este sentido, la poderosa Federación de Organizaciones Alemanas de Consumidores, en su respuesta a la consulta para la revisión de MiFID II, reclama criterios más precisos, transparentes y verificables por el super- visor en el test de idoneidad.
Otra tendencia fruto del exceso regulatorio que auguran los expertos es la concentración de los actores de la industria. Con el foco en la futura regulación sobre finanzas sostenibles o en la reciente guía técnica sobre selección de intermediarios por parte de las gestoras, Ricón señala que son “una muestra más de la dificultad creciente que, en términos de costes, tienen las entidades pequeñas para cumplir con las normas”.
Si bien la CNMV ha señalado que la nueva guía sobre selección de intermediarios no implica una gran ruptura con la situación actual, pues recoge la experiencia supervisora en la aplicación de una Circular (la de control interno) que está en vigor desde 2010, pone el foco en las operaciones intragrupo e impide elegir un intermediario cuyo único valor añadido sea facilitar la operativa a la gestora. Para Ricón, la Guía es un ejemplo más de cómo “cada capa de regulación nueva es una vuelta de tuerca más para entidades pequeñas y medianas donde la economía de escala no existe”. Para Oñoro, que recuerda que la concentración no está mal vista por los supervisores y permite tener grandes grupos nacionales que puedan competir en un mercado global, “las barreras de entrada por costes regulatorios son muy grandes y empezar hoy de cero un negocio que comprenda una amplia gama de servicios de inversión es muy difícil”. En este sentido, López Condado apunta a las actividades accesorias de las ESI como una vía de prolongar el negocio, pero destaca que es algo exclusivo de las ESI españolas y que una ESI, por ejemplo luxemburguesa, que quiera hacer una actividad accesoria en España, en principio, no podría ya que el pasaporte es solo para servicios de inversión y auxiliares”. España, como la mayoría de los países de la UE, aún no ha comenzado a prepararse de cara a la revisión de MiFID II y MiFIR de 2020. Los expertos reunidos en el Debate Legal consideran que en España aún sería pronto para realizar un estudio de impacto, pero las distorsiones están claramente identificadas. En un escenario en el que puede que ya no esté el Reino Unido, quizá el modelo continental previo a MiFID II esté ahora más cerca de regresar, con una Alemania con los deberes ya hechos que, además, cuenta con una alemana al frente de la Comisión.
