De acuerdo con el texto de la inciativa, la actual restricción se elimina de los artículos 7 y 8 de la ley nacional de inversiones extranjeras, con lo que el capital extranjero no tendrá obstáculos para tener la propiedad total de aseguradoras, fianzas, casas de cambio, almacenes generales de depósito, Burós de crédito y calificadoras de valores.
“Al liberar la inversión extranjera en estos sectores, se propiciará el desarrollo de las actividades que realizan, al contar con una mayor participación y capital para incrementar el volumen de sus operaciones, lo que redundaría en un mejor servicio para el público en general”, indicó el gobierno federal según fue recogido por varios medios locales.
Sin embargo, se establece que, en caso de que un gobierno extranjero tome participación en alguna institución financiera con presencia en México, sus directivos no podrán ser de origen extranjero. Con ello se busca asegurar que esta situación se presente sólo como resultado de una crisis y no para tener control político, informa El Economista. En este sentido, Eduardo Gómez, socio de PWC, recordó los sucedido en 2009 con el Troubled Asset Relief Program (TARP) en Estados Unidos. El TARP es un programa del gobierno estadounidense para comprar activos y acciones de instituciones financieras con el objetivo de fortalecer su sector financiero. Era una de las medidas aplicadas para hacer frente a la crisis de las hipotecas subprime.
La reforma establece que las personas extranjeras no deberán ejercer funciones de autoridad (único requisito que actualmente imponen las leyes), acreditar la independencia de sus órganos de decisión del gobierno extranjero de que se trate, así como el cumpliento del principio de reciprocidad por parte del gobierno del que forma parte.