El nuevo sistema de control bancario esbozado el pasado 21 de enero por el presidente Nicolás Maduro podría acarrear pérdidas millonarias para, al menos, unas cuarenta empresas estadounidenses –todas ellas pesos pesados del S&P 500– fuertemente expuestas a la economía venezolana y que cuentan en sus balances con activos monetarios por valor de 11.000 millones de dólares denominados en bolívares.
Según un análisis elaborado por Reuters, el valor en dólares de esos activos está basado en la tasa de cambio oficial –6,3 bolívales por dólar– o en otra de las tasas establecidas por el gobierno, la Sicad 1, que se cambia a 12 bolívares por dólar. El problema es que esas tasas de cambio solo pueden aplicarse a cierto número de transacciones por lo que, de aplicarse la tasa Sicad 2 –50 bolívales por dólar– o la que se maneja en el mercado negro –190 bolívales por dólar el pasado domingo, según la web dolartoday.com– esos activos perderían gran parte de su valor en dólares.
El anuncio de que el gobierno venezolano tiene previsto reformar el sistema de control bancario y permitir la negociación de divisas en el mercado privado incrementa la incertidumbre sobre el futuro de estos activos. Sin embargo, las pérdidas podrían ser aún mayores porque el análisis de Reuters no incluye a las miles de empresas públicas y privadas que no cotizan en el S&P 500 pero que podrían poseer activos en bolívares.
Ante esta situación, algunas grandes empresas estadounidenses han decidido valorar su negocio en Venezuela a una tasa de cambio menos ventajosa, lo que se ha traducido en pérdidas trimestrales, mientras que otras han optado por cerrar directamente sus operaciones en el país al ver amenazada la sostenibilidad de su negocio.
A la incertidumbre sobre la tasa de cambio y a las dificultades para repatriar los beneficios generados en el país por la escasez de dólares, las empresas extranjeras presentes en Venezuela se enfrentan a otros problemas como la débil demanda, la escasez de productos, la dificultad para importar componentes y el control de precios que ejerce el gobierno en su lucha contra la hiperinflación, que ya ronda el 64%.