El Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de las entidades de crédito, ha traído una importante novedad para el sector del asesoramiento español. Desde el 31 de agosto, las entidades que presten servicios de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión discrecional de carteras tendrán que proporcionar “al cliente por escrito o mediante otro soporte duradero una descripción de cómo se ajusta la recomendación realizada a las características y objetivos del inversor”.
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