Aunque muchas gestoras ya se habían adelantado a la trasposición de MiFID II y habían indicado mediante hechos relevantes que sus fondos pasaban a soportar los gastos correspondientes al servicio de análisis financiero sobre inversiones, en torno al 35% de la oferta nacional, todavía muchas estaban pendientes de saber como quedaba la letra final de la ley para tomar el paso.
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