A petición del ministro de Economía, el Consejo de Ministros del Gobierno de España ya tiene luz verde para “prohibir, limitar o condicionar las relaciones de negocio o las operaciones financieras con el país tercero o con nacionales o residentes del mismo”. Esta es solo una de las trece contramedidas financieras que se enumeran en la nueva redacción que la ley de transparencia (publicada el pasado martes 10 en el BOE) da al artículo 42 de la ley de blanqueo de capitales.
Hasta ahora, la norma preveía que, a propuesta del ministro de Economía, el consejo de ministros pudiera “prohibir, restringir o condicionar las transacciones económicas con Estados, entidades o personas respecto de los que una organización, institución o grupo internacional decida o recomiende la adopción de contramedidas financieras”. Con la nueva norma ya publicada en el BOE, se detallan dichas contramedidas.
Entre otros, se podrá imponer la comunicación sistemática de las operaciones de nacionales o residentes del país tercero, o que supongan movimientos financieros de o hacia el mismo. A las entidades financieras se les podrá prohibir, limitar o condicionar el establecimiento o mantenimiento de filiales, sucursales u oficinas de representación. Y a los grupos financieros se les puede ordenar requisitos reforzados de información o auditoría externa respecto de las filiales o sucursales localizadas o que operen en dichos países.
La norma también da luz verde al Gobierno para controlar el movimiento de capitales ya sea sometiéndolos a autorización previa, como acordando el bloqueo de los fondos. Asimismo podrá prohibir las transacciones que considere.
Resoluciones de Naciones Unidas
En el origen de estas contramedidas pueden estar las sanciones del consejo de seguridad de Naciones Unidas. Según la norma, cuando el Consejo de Seguridad imponga una sanción será de obligado cumplimiento en los términos que fije un reglamento comunitario o cuando así lo apruebe el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Economía. Pero de la lectura de la ley se desprende que también, con independencia de lo que se diga en el Consejo de Seguridad o en un reglamento, el Consejo de Ministros podrá adoptar alguna de las contramedidas que enumera la norma.
Durante 2010, cuando el mundo se despertaba cada mañana con una nueva revelación de Wikileaks, se supo que el Gobierno de Estados Unidos, a través de su Embajada en España, había estado presionando al Gobierno español para que limitara la actividad en Irán de empresas españolas, entre ellas algunos bancos, como así informó en su momento el diario El País. Con la nueva norma, limitar la actividad financiera en aquellos territorios que se considere podrá hacerse abiertamente y sabiendo que se cuenta con amparo legal.