Según Salvador Ruiz Bachs, socio de Allen & Overy, la nueva directiva supone una vuelta de tuerca para la que no todos están convenientemente preparados. “El paso de MiFID I a MiFID II será un escalón tan alto como el que supuso pre-MiFID a MiFID I”.
La Directiva MiFID II es una realidad que planea sobre la industria. MiFID II y MiFIR incluyen cambios en la industria de los servicios de inversión (afecta a los depósitos estructurados, regula la negociación algorítmica, establece nuevas licencias -SOC, APA, SIA-, una obligación de negociación de ciertos derivados…) y endurece los requisitos en el diseño y en la distribución de productos (procedimiento de aprobación de producto, conflictos de interés, remuneración de comerciales, asesores y gestores patrimoniales que no constituyan incentivos a una oferta de producto distinta al que se ajusta mejor a las necesidades del cliente, restricciones a venta cruzada…). Para Salvador Ruiz Bachs, socio de Allen & Overy, “MiFID II va a tener un impacto esencial en la distribución de todo tipo de productos financieros, incluidos los estructurados. La directiva es una gran vuelta de tuerca. El paso de MiFID I a MiFID II va a ser un escalón tan alto como el que supuso pre-MiFID a MiFID I”.
Ruiz Bachs tiene amplia experiencia en todas las materias relacionadas con la regulación financiera. Está especializado en inversión colectiva, servicios de inversión, mercado de valores, entidades de crédito, capital riesgo y derivados. Es experto en el diseño, comercialización, oferta e inversión en productos complejos como derivados, productos estructurados o sintéticos (como los contratos financieros atípicos o depósitos estructurados), hedge funds, seguros de vida unit-linked o productos de titulización sintética. También tiene experiencia en contratación de productos y servicios financieros, tanto en negociación, como ejecución y controversias. Ha negociado estructuras complejas en derivados y vinculados a grandes proyectos de financiación. Según explica en el marco de la conferencia organiza por BNY Mellon IM en Barcelona sobre MiFID II, “todo el mundo asimila esta directiva a la prohibición de pago de retrocesiones y el impacto sobre las EAFI, aunque MiFID II tiene muchas más implicaciones”, afirma.
“Si uno lee con atención el informe final de ESMA del 19 de diciembre de 2014 apreciará una interpretación mucho más estricta que en MiFID I. Había varias condiciones para cobrar retrocesiones, entre ellas que fuesen transparentes, se mejorase la calidad del servicio y que no fuesen incompatibles con actuar de manera honesta y en favor del interés del cliente. Mientras que en el entorno de MiFID I ya se consideraba que el hecho de que el cobro de retrocesiones (comisiones por distribución de producto) daba acceso a mayor variedad de producto y mejoraba la calidad del servicio, ahora ESMA lo que dice es que hay que establecer requisitos o condiciones en los que se demuestre que efectivamente se está mejorando la calidad del servicio, como por ejemplo a través de la diversificación de la oferta de producto, otorgándole al cliente herramientas adicionales, que la calidad del servicio se mantenga de manera prolongada si se reciben retrocesiones de manera prolongada en el tiempo… Esta condición se está haciendo más estricta. Además, se hace hincapié en que el asesoramiento no independiente no tiene que ser sesgado”.
La nueva normativa introduce dos restricciones fundamentales: la primera es la prohibición de recibir incentivos para cualquier gestor de carteras o asesor independiente; la segunda, la distinción entre asesor independiente y no independiente. Para Ruiz Bachs, la clave sobre la que no se está poniendo el foco es en las condiciones que se han de cumplir para poder seguir cobrando las retrocesiones. “Es la clave fundamental. El cobro de retrocesiones va a tener muchos requisitos adicionales a los que ya tenía. Si sumamos toda la normativa sobre conflictos de interés, como la obligación de que las políticas de remuneración a los empleados de las entidades que se dedican a la comercialización no estén enfocadas a presentar productos que no sean los más convenientes para los clientes, MiFID II va a tener un impacto esencial en la distribución de todo tipo de producto financiero, incluidos los estructurados”.
Ruiz Bachs recuerda que la implementación de la nueva directiva también provocará una modificación de las políticas de remuneración en las redes comerciales. “Bancos y sociedades de valores van a tener que adaptarse a estas nuevas modelos de transparencia. Las gestoras tienen la ventaja de estar sometidas a UCITS. Europa camina hacia una divergencia en regulaciones. Holanda y Reino Unido tienen una política de retrocesiones específica que no parece que se vaya a extender al resto de Europa, lo que afectará a las clases de acciones. Cada regulador hará su interpretación”.
¿Podrían el exceso de regulación y los costes ahogar ciertos proyectos?
Ruiz Bachs cree que, en general, la respuesta a esta pregunta es sí. “La regulación está estableciendo un campo de juego distinto y más difícil. Esto significa que todo el que distribuya producto se verá afectado en su manera de comercializarlo. Nuevos procedimientos y nuevos costes conducen a procesos de consolidación. Las entidades pequeñas están menos preparadas para soportar el golpe. Las grandes se verán menos perjudicadas. Cada entidad tendrá que tomar la decisión estratégica de a quién y como se presta el servicio. Esto no necesariamente implica que el cliente y el inversor se vaya a ver beneficiado. En Reino Unido, los pequeños asesores están desapareciendo. Dentro de un determinado nivel de costes, hay servicios que tiene sentido prestar y otros que no”.
El experto recuerda que, en el ámbito de pre-MiFID, había muchos que se llamaban a sí mismo asesores. “Era común en la banca minorista o banca personal encontrar asesor. Conforme esto se está haciendo más difícil, para patrimonios inferiores están surgiendo nuevas formas de prestar servicio. En Reino Unido, por ejemplo, estamos viendo asesoramiento a través de robots porque no tiene sentido a nivel de costes tener a una persona analizando la cartera a un inversor con un volumen de inversión muy bajo. Todas estas restricciones pueden llevar a una situación en la que muchas entidades no quieran ofrecer ese servicio y que los inversores pequeños se queden sin asesoramiento. La tendencia es ir hacia la banca electrónica porque es automático, reduce los costes y no necesitas personal”.
Para Ruiz Bachs, el problema de las retrocesiones es que el cliente no tenía claro cuál era el coste que estaba pagando por su asesoramiento. “Lo que se está intentando con la regulación de las retrocesiones es que la gente pague de manera transparente. En lo que respecta a las sicav o fondos perfilados, que ya lleva el coste explícito, probablemente pueda haber un arbitraje regulatorio o una preferencia de las entidades de unos productos frente a otros. En el caso de los perfilados, que estás haciendo una cartera que se ofrece a mucha gente y que lleva el coste implícito, ese producto puede resultar beneficiado. Las sicav, si son perfiladas, lo mismo", concluye.
