El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció en la tarde del viernes la formación de un comité de expertos para que “asesoren de manera independiente al Gobierno en materia de reforma de todo el conjunto del sistema tributario español”.
El anuncio realizado por el ministro tuvo lugar durante su intervención en la clausura de la “24 Trobada Empresarial al Pirineu” que, bajo el lema “El entorno no es excusa”, se ha celebrado en La Seu d'Urgell (Lleida). Y ¿reformar “todo” el sistema tributario es subir o bajar los impuestos? De momento, Montoro sólo ha explicado que “las medidas que haya que adoptar en el futuro respecto de los impuestos no son las que hemos tenido que adoptar en el año 2012 de subidas”. Ahora bien, según sus palabras, difundidas en una nota de prensa del ministerio que dirige, la intención es que “cuando hubiere necesidad de subir alguna figura, por ejemplo la imposición medioambiental, que es la línea que todos en Europa tenemos que ir practicando, se hará bajando otros impuestos que hoy cargan sobre el empleo, que hacen que sea gravoso para las empresas contratar”.
Según el ministro “este es el futuro de nuestro sistema tributario, y el proyecto del Gobierno es llevarlo adelante en la primera parte del 2014 y también inscribir este planteamiento de reforma tributaria en lo que sería también un cambio en la financiación autonómica, que también estaremos en condiciones de hacerlo cuando tengamos hecho un balance del actual sistema de financiación autonómica”, explicó Montoro.
Con esta iniciativa, el ministro de Hacienda parece dar respuesta a la petición que Bruselas realizó hace escasas semanas para que España abordara una revisión del sistema tributario para marzo de 2014. En este sentido, el margen para interpretar que la futura reforma sea sinónimo de rebajas fiscales no parece muy elevado. Según los últimos datos de la OCDE, España tiene una presión fiscal del 31,4% del PIB, inferior al 38,8% de la media de la Europa de los 27 –aunque este dato siempre se señala que debe ser matizado por el impacto de la economía sumergida, que en España se fija en el entorno del 20%-. Otra cosa es que dicha presión fiscal pueda trasladarse de impuestos como el IRPF a otras figuras menos explotadas. Más clara resulta la intención del ministro de abordar ya la reforma de la financiación autonómica en 2014 para que el nuevo sistema empiece a funcionar en 2015, como así ha anunciado en diversas ocasiones.