El SFDR, la Taxonomía y los cambios en los Actos Delegados exigen que los gestores se replanteen la totalidad de su negocio para incorporar aspectos de sostenibilidad a todas sus actividades, desde las operaciones hasta la gestión del riesgo.
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Los gestores de activos facilitarán la transición hacia una economía más sostenible. Serán los que decidan a qué empresas y proyectos asignan recursos (lo que también se aplica a propietarios de activos que gestionan sus propios activos). Sus productos de inversión son, en principio, vehículos que, en última instancia, canalizarán los ahorros de las personas hacia inversiones sostenibles, ya sea directamente o a través de sus clientes institucionales: fondos de pensiones y aseguradoras.
Tal y como explica en un white paper Anastasia Petraki, directora de Análisis Político en Schroders, el carácter central de su papel implica que casi toda la normativa que salga del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles les afecta de una manera o de otra.
SFDR, la Taxonomía y los cambios en los Actores Delegados
“El SFDR, la Taxonomía y los cambios en los Actos Delegados exigen que los gestores de activos se replanteen la totalidad de su negocio para incorporar aspectos de sostenibilidad a todas sus actividades, desde las operaciones hasta la gestión del riesgo, la política de remuneración, y las divulgaciones sobre productos. Esto incluye su valoración de cualquier efecto negativo o adverso que sus productos o inversiones pudieran tener sobre los factores de sostenibilidad”, afirma.
Según la experta, los Actos Delegados refuerzan la integración de la sostenibilidad a nivel operativo, ya que estas normas garantizarán que el trabajo necesario se realice en un segundo plano, de modo que las correspondientes divulgaciones surjan en primer plano.
Existe, además, la directiva sobre los derechos de los accionistas, que se aplica a los gestores de activos en su calidad de inversores institucionales. Es decir, como propietarios de empresas. Les exige divulgar su política sobre administración (sterwardship) y el modo en que la han implantado, inclusive su actividad en materia de voto. Para hacer todo esto, existen retos de carácter práctico.
“Los gestores de activos deberán recopilar una cantidad de información considerable. Parte de esta información aún no existe. Por ejemplo, las normas sobre divulgación no financiera se aplican únicamente a grandes empresas cotizadas, y no así a empresas más pequeñas o privadas. Sin embargo, los gestores de activos pueden invertir en todo tipo de empresas. Existen limitaciones adicionales cuando la inversión real no se realiza en una empresa, sino en proyectos de infraestructuras, como edificios. Aún se está dando forma a las normas de esta área”.
Petraki ha resumido en un cuadro cuáles son los requisitos que les exigirá la Normativa de la UE a los gestores de activos como facilitadores de la inversión sostenible.
