TRIBUNA de Patricia Gabeiras, socia directora de Gabeiras & Asociados, en la que explica en qué se fundamentan las opiniones de muchos stakeholders que han expresado su desacuerdo en algunas de las directrices planteadas por el supervisor.
El pasado 27 de abril la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) abrió un periodo de consulta pública con el objetivo de actualizar sus directrices de aplicación de MiFD II. Estas nuevas directrices irán destinadas a ayudar a los obligados por la norma a cumplir con las novedades que trae la incorporación de las preferencias de sostenibilidad de los clientes en el test de idoneidad.
Contexto
Con esta incorporación, la UE reitera su compromiso con dos cuestiones muy diferentes, pero igualmente relevantes. La protección al consumidor y la promoción de los productos financieros sostenibles.
La UE se ha convertido en el líder en materia regulatoria a la hora de apostar por un modelo económico y social que tenga en cuenta tanto la sostenibilidad y el medio ambiente, como otra serie de factores sociales. Es por ello que, además del tsunami normativo en materia de transparencia, divulgación y reporting derivado del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, no podía faltar la revisión desde la perspectiva de la sostenibilidad de la norma vertebradora del sistema financiero europeo.
En un mercado en el que la oferta de productos sostenibles o ASG es cada vez mayor, es necesario conocer si el cliente puede estar interesado en ellos. De esta forma, las preferencias de sostenibilidad de los clientes se convierten en un elemento fundamental para definir el perfil como inversor. No obstante, ESMA reitera que las evaluaciones deben hacerse después de conocer su experiencia invirtiendo y sus conocimientos son evaluados.
Más flexibilidad
Habiendo pasado ya unos días desde el cierre del plazo, hemos podido conocer las respuestas de muchos stakeholders que han expresado su desacuerdo en algunas de las directrices planteadas por el supervisor.
EFAMA, la asociación de fondos de Europa, ha manifestado que las directrices restringen demasiado el margen de maniobra de las entidades a la hora de recomendar un producto que no cumple con las preferencias de sostenibilidad. De esta forma, reivindican una mayor flexibilidad de forma que el cliente pueda adaptar sus preferencias de sostenibilidad para poder acceder a alguno de los productos que sí le pueden ofrecer.
Eurosif, la plataforma europea líder en promoción de las finanzas sostenibles sigue la misma línea y, como era de esperar, exige a su vez una mayor flexibilidad a la hora de ofertar productos de inversión sostenible. Desde su perspectiva, resulta evidente que una mayor rigidez obstaculiza el objetivo de la reorientación de los flujos de capital hacia inversiones sostenibles.
ICMA también pide mayor flexibilidad, especialmente en cuanto a poder adaptar los términos y las explicaciones a la experiencia y conocimiento que tengan los clientes.
¿Merece la pena?
La consulta pública finaliza preguntando a los participantes por los costes que supondrá adoptar estas medidas, tal y como indica el organismo supervisor, e incluye un anexo en el que identifica los principales costes en los que, efectivamente, incurrirán. La finalidad es hacer ver a las entidades que, a pesar de los costes iniciales, la implementación de las directrices es en todo caso beneficioso, tanto para ellas como para los clientes.
Sin embargo, en algunas de las respuestas de los participantes a la consulta se pueden observar ciertas reticencias respecto de los beneficios que estas medidas puedan suponer. EFAMA resalta el hecho de que no existen datos que permitan concluir que efectivamente esto merece la pena, aunque también señala que, por tanto, afirmar lo contrario tampoco parece que tenga mucho sentido.
European Banking Federation (EBF), además de los costes identificados por ESMA, añade los siguientes: tiempo para explicar y recopilar las preferencias de sostenibilidad, integración de estas en los clientes actuales, creación de los cuestionarios, informes de idoneidad continuos, coste de control de cambio de preferencias, costes de almacenamiento y costes de aplicación de las nuevas normativas.
The International Capital Markets Association (ICMA), como solución a estos costes en los que se incurriría de seguir las directrices, propone soluciones como informar de la disponibilidad de los productos en vez de ir adaptando las preferencias de sostenibilidad de los clientes continuamente.
Todo a la vez, por favor
Algunos de los participantes en esta consulta también coinciden en el descalabro organizativo que les supone que toda la normativa en materia de finanzas sostenibles se aplique por diferentes etapas, ya que no les permite una organización óptima.
ICMA resalta que European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), como supervisor europeo en materia de pensiones y seguros, ha sacado una consulta pública también en referencia a la aplicación de las preferencias de sostenibilidad que se aprobarán antes incluso que las de ESMA. Esto es, por un lado, las directrices sobre preferencias de sostenibilidad de las clientes desarrolladas por EIOPA entran en vigor en julio de este año; las desarrolladas por ESMA en agosto de este año; y, por último, el nivel 2 del Reglamento SFDR en enero de 2023.
Así, los steakholders demandan una aplicación simultánea de toda la normativa. Esta aplicación escalonada no hace más que aumentar sus costes organizativos y puede suponer un obstáculo en el desarrollo de sus actividades.
Protección del consumidor versus sostenibilidad
ESMA tenía la ardua tarea de aprobar unas directrices que fuesen capaces de conjugar la protección del consumidor, que brinda el test de idoneidad, y la promoción de las finanzas sostenibles.
Como hemos podido comprobar por las respuestas de los steakholders, ESMA continúa apostando por una férrea protección de los consumidores, tanto a la hora de evaluar las preferencias como a la hora de ofertar productos. Contrariamente a lo expresado por muchos participantes en la consulta, el supervisor europeo ha acertado.
Merece la pena
Las finanzas sostenibles no se pueden entender sin la protección al consumidor. Los participantes en el mercado financiero deben hacer un esfuerzo en este sentido. El paso del tiempo ha demostrado que, aunque efectivamente una garantía efectiva de los derechos de los consumidores es inicialmente costosa, en cualquier caso, merece la pena.
Si Europa quiere ser líder en materia de finanzas sostenibles debe seguir en esta línea. La promoción de los productos financieros sostenibles es fundamental para la transición. Sin embargo, ser laxos en cuestiones como el test de idoneidad y la evaluación de los inversores, lo único que puede provocar, a largo plazo, es crisis de solvencia, deterioro reputacional y litigiosidad. Si realmente se quiere consolidar este tipo de inversiones y trabajar por un sistema financiero sostenible, en términos de transparencia y solvencia, es necesario que los clientes sean plenamente conscientes de sus implicaciones y riesgos.
Aunque quizá a este convencimiento sobre las bondades de transitar hacia las finanzas sostenibles en un marco transparente y de pleno respecto a los derechos de los consumidores e inversores solo llegará cuando en unos años se mire atrás y se pueda comprobar la solvencia del sistema y la ausencia de problemas derivados de la falta de conocimiento o experiencia de los inversores. Las nuevas directrices propuestas por ESMA son capaces dar garantías al consumidor al tiempo que promocionan la inversión sostenible. Todo un acierto por parte del supervisor.
