COLABORACIÓN de Tom Willman, regulatory lead de Clarity AI.
COLABORACIÓN de Tom Willman, regulatory lead de Clarity AI.
En el complejo y cambiante panorama de las normativas de sostenibilidad, la interoperabilidad se ha convertido en una prioridad clave para los gestores de activos. Aunque a menudo se presenta como una forma de reducir costes y simplificar la carga administrativa, su importancia va mucho más allá. La interoperabilidad es esencial para abordar de manera efectiva desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o las violaciones de derechos humanos. Un marco regulatorio fragmentado desvía recursos que podrían destinarse a contribuir a la transición o a generar un impacto sostenible significativo, dificultando así el progreso hacia los objetivos de sostenibilidad.
Dicho esto, alcanzar una interoperabilidad total sigue siendo más un objetivo aspiracional que una realidad práctica. Las diferencias entre mercados, contextos políticos y prioridades nacionales influyen inevitablemente en el diseño y la implementación de las normativas, lo que hace inevitable cierto grado de divergencia.
A nivel mundial, todavía estamos lejos de lograr una interoperabilidad completa. Si bien la Unión Europea es líder en regulación de finanzas sostenibles, mercados de Asia como Hong Kong, Japón, China y Singapur, junto con Canadá, Australia, Suiza y el Reino Unido, están desarrollando sus propios marcos normativos con prioridades y enfoques únicos.
Mientras el mercado se anticipa al próximo reglamento ómnibus, los requisitos para que las empresas de fuera de la UE informen conforme a la Directiva de la UE sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) aumentan significativamente las expectativas normativas. Incluso hoy en día, las filiales con sede en la UE que superan los umbrales de tamaño deben cumplir los requisitos de la CSRD, mientras que las operaciones del mismo grupo en otras jurisdicciones pueden estar sujetas a la presentación de informes con arreglo a las normas del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB).
En EE.UU., la ausencia de un marco ASG normalizado agrava estos retos. Las empresas deben sopesar cuidadosamente sus obligaciones de información con arreglo a la ISSB en el extranjero con el riesgo de que parezca que omiten información importante en los documentos presentados a la SEC, lo que genera incertidumbre y posibles riesgos de cumplimiento. Este mosaico regulatorio representa un reto importante para las empresas.
Aunque la evolución de la normativa en transparencia y gestión de riesgos o impactos relacionados con la sostenibilidad representa un avance, también pone de manifiesto la urgente necesidad de una mayor armonización que garantice coherencia y reduzca la complejidad tanto para las empresas como para los inversores.
Los riesgos de una normativa fragmentada
La falta de interoperabilidad en las normativas de sostenibilidad genera riesgos significativos no solo para las empresas, sino también para la sociedad en general.
En primer lugar, una regulación fragmentada puede resultar en un uso ineficiente de los recursos. Las empresas multinacionales que operan en regiones como la UE, Asia y Norteamérica se enfrentan a requisitos contradictorios, lo que desvía atención y fondos de las áreas donde más se necesitan, como la innovación para resolver los retos globales. En lugar de invertir en tecnologías para mitigar riesgos climáticos o mejorar la transparencia en la cadena de suministro, las empresas se ven obligadas a dedicar recursos a tareas administrativas, como ajustar nombres de productos o modificar descripciones para cumplir diferentes regulaciones. Además, la necesidad de atender múltiples exigencias de información suele implicar reasignar personal y recursos de iniciativas de alto impacto hacia tareas burocráticas, dificultando su capacidad para abordar retos climáticos complejos.
En segundo lugar, esta fragmentación perjudica a los consumidores. Aún existe una sorprendente falta de claridad en términos clave de sostenibilidad como sostenible, impacto o material. Los consumidores necesitan confiar en que estos conceptos tienen significados consistentes, independientemente de dónde se utilicen. Sin esa confianza, los consumidores quedan en un terreno incierto, tomando decisiones basadas en información incompleta o engañosa. Sin un mínimo de interoperabilidad en la nomenclatura, corremos el riesgo de erosionar completamente la confianza en las finanzas sostenibles.
Avances y retos en la regulación de los inversores
En el ámbito de las normativas para inversores, los avances hacia la interoperabilidad han sido desiguales. Mientras que en algunos aspectos se han logrado progresos importantes, en otros la fragmentación persiste.
Por ejemplo, el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la UE ha sentado una base para la inversión sostenible, pero difiere notablemente de los Requisitos de Divulgación Sostenible (SDR) del Reino Unido. En Estados Unidos, aunque no existe un equivalente directo, las normas propuestas por la SEC en 2022 para la categorización de fondos ESG también presentan diferencias significativas. Cada marco aporta sus particularidades, complicando aún más el panorama global.
No obstante, hay motivos para un optimismo moderado. La FCA, al desarrollar el SDR del Reino Unido, parece haber aprendido de algunos de los primeros desafíos del SFDR, y el esperado SFDR 2.0 podría, a su vez, incorporar elementos de las mejoras del SDR. Por otro lado, taxonomías como la Taxonomía Verde de la UE representan un puente potencial hacia la interoperabilidad, aunque su complejidad y su enfoque regional han sido objeto de críticas.
En particular, el Reino Unido está llevando a cabo consultas sobre su propia taxonomía, lo que supone un punto de inflexión clave: ¿se alineará con el enfoque de la UE o seguirá un camino independiente? Esta decisión tendrá importantes implicaciones para la interoperabilidad, ya sea fomentando una mayor armonización o contribuyendo a una fragmentación aún mayor del panorama regulatorio. Para que estas taxonomías cumplan su propósito, deberán evolucionar hacia una visión más global y armonizada.
Informes de sostenibilidad: Una historia de dos normas
Los informes de sostenibilidad enfrentan retos similares. La ISSB fue concebida como una norma global para garantizar la coherencia de los informes a nivel internacional, pero su aplicación puede variar según los contextos locales de cada país. Además, la ISSB y la CSRD de la Unión Europea representan enfoques divergentes hacia un mismo objetivo. Mientras que la ISSB se centra en la materialidad financiera, la CSRD adopta un enfoque de doble materialidad, abarcando tanto los impactos sociales y medioambientales como los riesgos financieros.
A pesar de estas diferencias, hay señales alentadoras. En particular, la ISSB y el Grupo Consultivo Europeo sobre Información Financiera (EFRAG) están trabajando para abordar la falta de interoperabilidad. Contar con el apoyo de los organismos reguladores para guiar a las empresas en la preparación de informes que cumplan simultáneamente con las normas ISSB y CSRD sería un avance significativo. Sin embargo, sigue existiendo el riesgo de una implementación incoherente entre jurisdicciones.
Un ejemplo de este desafío es España, que enfrenta retos particulares en la adopción de la Directiva debido a su gran proporción de pequeñas y medianas empresas (PYMEs), que representan el 99,8 % de todas las empresas. Estas PYMEs necesitan desarrollar las capacidades necesarias para cumplir con los estrictos requisitos de la Directiva y atender las demandas de datos que les exigen las grandes empresas con las que colaboran.
El camino a seguir: la evolución futura
El avance hacia la interoperabilidad no estará exento de desafíos, pero hay dos áreas clave que resultan prometedoras: la armonización de las taxonomías y los avances tecnológicos.
Ya están en marcha iniciativas para armonizar taxonomías entre regiones, como la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles (IPSF), que trabaja en una taxonomía común entre la UE, China y Singapur. Aunque este proceso es complejo y llevará tiempo, alcanzar una taxonomía alineada a nivel global podría proporcionar una base sólida para la interoperabilidad en las finanzas sostenibles.
La tecnología también se perfila como un facilitador clave para avanzar en la interoperabilidad. Las herramientas y plataformas avanzadas, incluidas la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático, están transformando la manera en que las empresas gestionan los informes de sostenibilidad. Estas tecnologías simplifican la recopilación de datos, el análisis y el cumplimiento de múltiples marcos regulatorios, reduciendo tanto la complejidad como las cargas operativas. Por ejemplo, algunas empresas que trabajan en el cumplimiento del SFDR han logrado reducir hasta en un 80% el trabajo recurrente relacionado con los informes del artículo 8 o 9, lo que supone un cambio significativo para los gestores de fondos que administran grandes carteras.
La interoperabilidad no es negociable
La sostenibilidad es una cuestión intrínsecamente global. A medida que el mundo enfrenta retos urgentes como el cambio climático y la desigualdad social, lograr un mayor nivel de interoperabilidad en las normativas de sostenibilidad es esencial para facilitar la transición. Las normativas fragmentadas no solo generan ineficiencias, sino que también socavan la confianza de consumidores e inversores.
Sin embargo, aunque se están logrando algunos avances, es probable que las empresas y los inversores tengan que adaptarse a operar en un entorno con cierto grado de fragmentación regulatoria. Mientras tanto, contar con datos sólidos y transparentes sobre los resultados en sostenibilidad de sus operaciones, cadenas de suministro o inversiones es un paso fundamental para navegar este complejo panorama.