El impuesto del 3% sobre ingresos obtenidos por publicidad, servicios de intermediación y venta de información online, el IDSD, conocido como Tasa Google, aprobado en Consejo de Ministros por el Gobierno de España, tendrá un efecto recaudador, según el Gobierno de 968 millones de euros y no de 1.200 millones como anunció inicialmente. Hay distintas opiniones al respecto. Según AIReF recaudará entre 546 y 968 millones de euros; según su creador en España, Cristóbal Montoro, en mayo de 2018, todavía en el Gobierno de España, preveía que dado el crecimiento y previsiones económicas, mejores que las actuales, recaudaría 600 millones. Supongo que los técnicos del Ministerio son los mismos.
Francia espera recaudar este año 650 millones. Algo no cuadra. Por la tasa Tobin, que gravará con el 0,2% la compra de acciones españolas cotizadas cuya capitalización sea superior a 1.000 millones de euros, es decir 65 empresas incluidas las del Ibex, el Gobierno espera recaudar 850 millones y no ha variado su previsión, pese a las enormes y numerosas discrepancias al respecto.
Independientemente de que el Gobierno obtenga o no los ingresos para cuadrar los presupuestos acordes al déficit exigido en Europa y de la prudencia que deberían tener ante la actual desaceleración de la economía, hay otra lectura más preocupante. Por un lado, el Gobierno, ante la crisis de imagen que ha sufrido la banca, ha encontrado en ella una fórmula de populismo al más puro estilo Tobin de los bosques: quito al rico y poderoso y entrego al pueblo.
Sin embargo, la banca española ha hecho los deberes: están realizando el mayor y mejor proceso digitalizador de Europa. De hecho, la banca española tiene el mejor ratio de eficiencia de toda la UE; la anterior crisis le sorprendió con 450.000 millones de euros en crédito promotor y constructor que ha asumido año a año contra resultados, la política de tipos de interés; las exigencias de capital; la continua creación de costosas normas como la contabilidad sobre arrendamientos y un sinfín de requerimientos que no terminan, les convierten en héroes y no en villanos.
El Gobierno que, en lugar de apoyar nuestro sistema financiero, dinamizador de la economía, empleador y pagador de impuestos, le da una nueva vuelta de tuerca en un momento poco oportuno, la subida de tipos de interés se retrasará por lo menos hasta mediados o finales de 2022. Un país que no apuntala y defiende su sistema financiero lanza rocas contra su propio tejado. Además, en este caso hay muchas posibilidades de que se traslade al inversor, que lo pague vía fondo de inversión o directamente. Muy injusto, pagamos por la renta del trabajo y otra vez sobre el mismo dinero por la renta de lo ahorrado y ahora, con la nueva tasa, por ahorrar y desahorrar. Esto, por mucho que diga la ministra, lo paga la clase media, titular de fondos de inversión con renta variable en el Ibex.
Por otro lado, la tasa Google, es una lucha de Quijote. Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft han destinado recientemente a hacer lobby 64 millones de dólares y Trump ha hecho suya esta lucha. Es lógico que el Gobierno de Sánchez aplace a diciembre la recaudación, ya que tendrá que luchar casi en solitario con Francia y algún otro país más por algo que es justo, que paguen impuestos donde generan el beneficio como el resto de empresas y no trasladen el beneficio a las Caimán.
Las cuatro principales (GAFA) pagaron en el ejercicio 2018 sólo 24 millones de euros, Airbnb, con un millón y medio de anuncios en España, pagó 68.000 euros. Amazón está siendo investigada en la UE por prácticas por las que Trump inició la guerra con China. Los proveedores de Amazon ven como copia sus productos, los fabrica en China y sitúa como mejor producto. Les arruina, pero pocos españoles tienen esta imagen de empresas tan glamurosas que evaden sus impuestos de España a las Caimán y tienen prácticas más que delictivas. Esto me recuerda a la Cuba del 98.
El problema que tenemos encima de la mesa es más grande e importante. Es una revolución tecnológica que está cambiando mercados, empresas y que nos afecta impositivamente. La digitalización e inteligencia artificial implican, por un lado, la reducción de mano de obra y, por otro, que los datos sean la herramienta y centro de toda actividad. Los trabajadores se podrán dedicar a nuevas tareas o se quedarán en casa. Si se quedan en casa nadie cotiza a la Seguridad Social ni se paga IRPF, pero siguen usando los servicios públicos, la sanidad, cobrando paro y es entonces cuando de verdad seremos una gran carga para el Estado. Si trabajan de lunes a jueves o a miércoles, lo estamos viendo ya en algunas compañías, los empleados ganan menos y las compañías más porque la tecnología habrá cambiado hora hombre por hora máquina. En cualquier caso, los estados recaudarán menos. Habrá que replantearse el sistema tributario y de reparto.
Los dos sectores sobre los que nos planteamos su fiscalidad se benefician y viven de los datos de los ciudadanos. El Big Data ha revolucionado la comercialización y marketing y es aquí donde debemos hacernos la gran pregunta: ¿quién es el dueño de los datos? Las tecnológicas y bancos tienen información de todo lo que hacemos, lo que gastamos y dónde lo gastamos, lo que vemos en internet, nuestros gustos, todo. Pero, ¿quién es el propietario de esta información? Por supuesto el usuario.
¿Qué deberían hacer los bancos y tecnológicas? Pagarnos. Sería complicado cobrarles cada vez que aportamos un dato, una búsqueda o compramos algo con una tarjeta. La solución es que los estados recauden por nosotros. Estaríamos ante una revolución fiscal en la que sería imposible recaudar sobre el beneficio. Pero no podemos ser dos o tres países los que luchan contra las tecnológicas, banca, seguros y un largo etcétera. Es la Unión Europea en bloque la que debería haber tomado las riendas frente a Irlanda y los nórdicos y ni siquiera nos acercamos a la armonización.
Es necesaria una unión tributaria fuerte e innovadora que defienda los intereses de los ciudadanos y evite los populismos fiscales que buscan recaudar como sea para sostener lo que no se puede sostener. La OCDE no se reúne hasta julio en Berlín, con un Estados Unidos amenazante. No, la OCDE no va a ser la solución, es la UE la que ha de tomar la iniciativa.