El pasado 19 de mayo el Gobierno remitió a las Cortes el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar en 2050. Esta ley está en línea con el Pacto Verde Europeo, uno de los más que posibles ejes de reactivación de la economía frente al Covid 19.
La ley tiene como objetivo la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20% en 2030 con respecto a los niveles de 1.990.
Para tener un idea de dónde nos encontramos, en España, en 2019 se redujeron por segundo año consecutivo las emisiones en un 5,8%. Aun así, todavía estamos un 8,8% de las emisiones de 1.990, año establecido como base para la reducción de un 40% en 2030.
En este sentido la crisis del COVID-19 se está presentando como una oportunidad para la mejora de las condiciones climáticas por la drástica reducción de gases de efecto invernadero (GEI) que se está produciendo. Según un estudio publicado por la revista Nature Climate Change, las emisiones diarias de carbono en todo el mundo en abril han sido un 17% más bajas que el año anterior. Según sus estimaciones, las emisiones se reducirían en un 4% en 2020.
El objetivo final de la ley es que España alcance, a mas tardar en 2050, la neutralidad de emisiones. Este objetivo es más ambicioso que el establecido en el Acuerdo de París que lo fija para la segunda mita de siglo, y está en línea con los objetivos de la Unión Europea.
De las emisiones generadas en España, un 36,4% corresponden a emisiones de sectores sujetos al Comercio Europeo de Emisiones (industria, generadores de electricidad y operadores aéreos). En este Comercio se intercambian los Créditos de Carbono, uno de los tres mecanismos propuestos por el Protocolo de Kioto para mitigar las emisiones de GEI. Los créditos de carbono son derechos a generar emisiones, constituidos como bienes canjeables y con un precio establecido. Cada crédito equivale a una tonelada de CO2 que ha sido dejada de emitir a la atmósfera. Estos créditos se pueden obtener bien por la reducción directa de emisiones de GEI, bien por la contribución económica a proyectos de reducción de emisiones como pueden ser la reforestación, energías renovables o captura y combustión de metano.
La ley establece cinco objetivos y una serie de herramientas de acción climática. Los objetivos son de máximos, es decir, sólo podrán ser revisados al alza, y además de la neutralidad climática en 2050, para esta fecha el 100% del sistema eléctrico tendrá que ser 100% renovable y para finales de 2030, como mínimo, el 35% del consumo final de la energía deberá de ser renovable y, en el caso del sistema eléctrico, la presencia de renovables deberá ser del 70%.