TRIBUNA de Marcio Viegas, fundador y director general, SUST4IN. Comentario patrocinado por SUST4IN.
El tiempo en que las grandes empresas podían publicar memorias de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de manera voluntaria, cómo y cuándo querían, se acabó hace ya algunos años. En Europa, por ejemplo, con la publicación de la Directiva sobre divulgación de información no financiera, transpuesta en España por la Ley 11/2018. La legislación y las normas de reporting reemplazaron a los manuales de marketing como guías principales: menos fotos de mariposas y más datos verificados.
La novedad es que los reguladores, y especialmente los inversores, piden no solo más información sobre aspectos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), sino que esta información sea más rigurosa sobre lo que es importante y con métricas estándares y verificables. Más allá, los inversores ya amenazan con votar en contra de los directores que no cumplen con tales requisitos o incluso con la desinversión. Estas han sido algunas de las conclusiones de la VI Conferencia Internacional sobre Información No Financiera organizada por SUST4IN y Sustainability Accounting Standards Board (SASB) y en la que han participado ponentes representando a reguladores e inversores.
Las regulaciones de transparencia, como la ya citada Directiva europea del año 2014, obligan a que más de 5.000 empresas europeas comuniquen anualmente y al mismo tiempo que comunican sus resultados financieros, sus impactos no financieros. Más allá, y como ha destacado la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV) durante el evento, la legislación recién aprobada o que se encuentra en fase de elaboración está fijando, especialmente en Europa, una serie de prioridades para reportar la información: el clima y la capacidad de gestión de las empresas ante los riesgos climáticos y sus objetivos de emisiones; la doble materialidad de la empresa con la sociedad y el clima y viceversa; y por último, el papel de los grupos de interés.
El 10 de marzo, por ejemplo, entra en vigor el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre Divulgación de finanzas sostenible (SFDR, por sus siglas en inglés), que obliga a las gestoras de fondos y otros servicios financieros a divulgar información relativa a la sostenibilidad de todos sus productos, especialmente aquellos que promueven características ambientales o sociales (Artículo 8) y aquellos que tienen un objetivo de inversión sostenible (Artículo 9).
En el mundo de la inversión, el nuevo activismo ASG queda evidente, nada menos que en el caso de la mayor gestora de activos del mundo, BlackRock:
- En 2016, la gestora ya sugería que los inversores deberían incorporar métricas de uso de combustibles fósiles, consumo de agua y emisiones de carbono como un porcentaje de las ventas anuales en sus evaluaciones cuando decidan en qué empresas invertir.
- En 2018, Larry Fink, su fundador y CEO, en su carta anual a los CEO de empresas invertidas, escribió: “La sociedad exige que las empresas, tanto públicas como privadas, tengan un propósito social” y anunciaba un cambio en sus estrategias de inversión: “La capacidad de una empresa para gestionar asuntos ambientales, sociales y de gobernanza demuestra el liderazgo y la buena gobernanza que son tan esenciales para el crecimiento sostenible, razón por la cual estamos integrando cada vez más estos asuntos en nuestro proceso de inversión”.
- En 2019, Fink concretó que los inversores deberían incorporar medidas de uso de combustibles fósiles, consumo de agua y emisiones de carbono como un porcentaje de las ventas anuales en sus evaluaciones cuando decidan en qué empresas invertir.
- En 2020, en la ya conocida carta anual, Fink subió el tono y exigió que las empresas pasen a reportar aspectos ASG de acuerdo con los estándares de SASB y aspectos climáticos también de acuerdo con las recomendaciones del Task Force on Climate-related Disclosures (TCFD).
- En su última carta de enero de 2021, Fink ha ido más allá y determina que las empresas publiquen datos y metas rigurosas de sus emisiones directas e indirectas (Alcances 1 y 2 en la jerga de la gestión de emisiones) y, en el caso de las empresas más contaminantes, como del sector de petróleo y gas, que informen también de las emisiones del uso de sus productos (Alcance 3) y yendo literalmente más allá, exige que estas últimas presenten un plan para alcanzar cero emisiones netas (net zero) para 2050. De lo contrario, afirma Fink, BlackRock va a tomar medidas, incluyendo “la posible salida de estas tenencias de nuestros portafolios”.
- Finalmente, en el último documento emitido por su división de Investment Stewardship, BlackRock observa que toda la junta directiva debe entender los riesgos y oportunidades de la transición y amenaza explícitamente con votar en contra de los directores que no cumplan con sus responsabilidades ASG. Aclara, además, que el plan y los objetivos de cero emisiones netas deben estar basados en la ciencia (Science Based Targets).
Queda claro por lo tanto, que la información dicha 'no financiera' es cada vez más financiera y regulada, con el creciente escrutinio de los inversores y la publicación de nuevos reglamentos. Sin embargo, para que sea efectiva, es importante entender (empezando por toda la junta directiva) lo que es realmente material, las métricas y cómo se reporta cada aspecto ASG. Al menos en temas como el cambio climático la ciencia reemplaza incluso la legislación, que en su día había reemplazado el marketing.
Por concluir con una triste analogía, la epidemia del greenwashing va a seguir, pero la transparencia es una de las mejores vacunas. Tampoco basta con aplicarla una vez al año: la transparencia y el reporting en temas de sostenibilidad deben ser lo más fluido posible, parecidos, y si es posible mejores, que la transparencia en temas financieros.
La buena noticia, además de la oportunidad histórica, en palabras de BlackRock, que representa la transición climática, es que los nuevos productos y la transparencia en temas ASG beneficia al sector financiero, a los inversores, a la sociedad y al planeta. Medir y reportar bien es fundamental.