El clima actual de desconfianza que vivimos en España, con tanta incertidumbre económica y no menos inseguridad política, ha aumentado considerablemente el número de ciudadanos españoles que buscan la seguridad para sus ahorros e inversiones en otros países. Pero cuidado, porque esos bienes y derechos tienen obligaciones en nuestro país, y no cumplirlas puede acarrear serias (y polémicas) sanciones. El plazo acaba este 31 de marzo.
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