La Comisión ha publicado el paquete Ómnibus, cuya propuesta busca modificar las normativas relacionadas con la información y diligencia debida. La doble materialidad sigue siendo central.
La Comisión Europea ha cumplido con el calendario, presentando el primer paquete de simplificación Ómnibus el 26 de febrero. El objetivo de la Comisión es hacer que la economía europea sea "más próspera y competitiva", haciendo una referencia directa a las recomendaciones del Informe Draghi, que fueron mencionadas en el reciente Competitive Compass (precisamente el documento que esboza las prioridades para mejorar la competitividad de la UE).
En términos generales, la Comisión señala que el objetivo es lograr "un recorte sin precedentes de la burocracia, con una reducción de al menos el 25% de las cargas administrativas y al menos el 35% para las PYME antes del final de este mandato". Según se lee en el sitio web de la Comisión, el primer paquete prevé medidas para:
- Hacer que la información sobre sostenibilidad sea más accesible y eficiente
- Simplificar la diligencia debida para apoyar prácticas empresariales responsables
- Fortalecer el mecanismo de ajuste en frontera de carbono (Carbon Border Adjustment mechanism - CBAM, por sus siglas en inglés) para un comercio más justo
- Desbloquear oportunidades en los programas de inversión europeos.
Ahorros por valor de 6.300 millones anuales
Si se adoptan, según especifica Bruselas, las medidas podrían generar ahorros administrativos estimados en 6.300 millones de euros al año y movilizar 50.000 millones de euros de inversiones públicas y privadas para apoyar las prioridades políticas. "Creando un entorno empresarial más favorable, podemos estimular el crecimiento, mejorar la competitividad de la UE, atraer inversiones y seguir realizando los objetivos del Pacto Verde", subraya Maria Luís Albuquerque, comisaria de Servicios Financieros y la Unión del Ahorro y de las Inversiones, señalando la necesidad de "encontrar el equilibrio adecuado entre la reducción de las excesivas cargas administrativas y el mantenimiento de nuestros objetivos a largo plazo, porque creo firmemente que la sostenibilidad es una ventaja competitiva fundamental".
Cambios en la presentación de informes
En cuanto al enfoque específico dedicado a la divulgación, las principales novedades se refieren a la CSRD (Directiva de Reporte Corporativo de Sostenibilidad) y, en particular, a la obligación de información sobre la base de la directiva UE para las empresas de mayor tamaño (más de mil empleados y más de 50 millones de euros de facturación anual), aquellas con el "mayor impacto ambiental y social", junto con la introducción del régimen llamado "opt-in". Esto se traduciría en la exclusión de aproximadamente el 80% de las empresas de la UE. No solo eso: para algunas empresas ya incluidas en la CSRD, que deberían haber cumplido en 2026 o 2027, hay un aplazamiento de dos años más (hasta 2028).
El paquete reduce luego las obligaciones de divulgación sobre la Taxonomía de la UE, limitándolas a las empresas más grandes (las cubiertas por la CS3D), pero manteniendo la posibilidad de divulgación voluntaria para las otras grandes empresas dentro del futuro alcance de la CSRD. Otro tema candente para la Taxonomía es el de la materialidad financiera: el paquete introduce una serie de umbrales de materialidad y reduce los módulos de información en aproximadamente un 70%. Asimismo, se simplifica luego el criterio "Do No Significant Harm" (DNSH, por sus siglas en inglés) para la prevención de la contaminación y el control de las sustancias químicas, reduciendo la complejidad de las reglas aplicables a todos los sectores económicos.
Por último, se modifica el principal indicador de desempeño de la Taxonomía para los bancos: el Green Asset Ratio (GAR), permitiendo excluir del cálculo las exposiciones hacia empresas fuera del perímetro CSRD (es decir, con menos de mil empleados y 50 millones de facturación).
Principales modificaciones en diligencia debida
En cuanto a la diligencia debida, las modificaciones principales van orientadas a "racionalizar" los requisitos, concentrando las obligaciones en socios comerciales directos y reduciendo la frecuencia de los controles de anuales a cada cinco años (salvo casos específicos). A esto se suma una reducción en la cantidad de información requerida a las PYME dentro de las cadenas de valor de las grandes empresas. Entre los objetivos está la creación de una normativa más uniforme entre los Estados miembros y la eliminación del régimen de responsabilidad civil UE. También, en este caso, se pospone al 26 de julio de 2028 la entrada en vigor de la normativa para las grandes empresas.
Foro: impacto negativo en el proceso de transición
Un mensaje decididamente crítico llega del Foro para las Finanzas Sostenibles, que en una nota difundida ayer, 27 de febrero, "expresa preocupación por el riesgo de que la propuesta impacte negativamente en el proceso de transición, poniendo en discusión principios clave para los inversores sostenibles y aumentando el riesgo de incertidumbre normativa". Por este motivo el Foro anuncia que "monitoreará con atención los próximos desarrollos, abriendo el debate sobre el tema con su base asociativa y poniendo su experiencia al servicio de los legisladores, llevando adelante las instancias de los inversores sostenibles en Italia".
Mantenimiento de la "doble materialidad"
"Apoyamos esta iniciativa como un paso positivo y necesario para aumentar la competitividad de las empresas europeas y reducir la complejidad normativa, sin comprometer las ambiciones del Pacto Verde Europeo", se lee también en una nota difundida ayer por Efama, que subraya una serie de aspectos positivos de la propuesta, en primer lugar el relativo al mantenimiento de la doble materialidad, "esencial para los gestores de activos para identificar los riesgos de sostenibilidad y cumplir con sus obligaciones de información conforme a SFDR".
El tema de la doble materialidad ya había sido explorado recientemente por Albuquerque durante una conferencia de prensa, en la que la comisaria UE expresó la voluntad europea de "preservar el enfoque", aunque el intento está más orientado a la búsqueda de un equilibrio para hacer que los objetivos del Pacto Verde sean "proporcionados y útiles", ya que la implementación de muchas de las obligaciones sobre la doble materialidad se ha mostrado "excesivamente onerosa y, en algunos casos, desproporcionada".
Dudas sobre los datos
Sin embargo, Efama subraya que aunque el aplazamiento de la información CSRD y la introducción de un régimen parcial "opt-in" para la Taxonomía UE son comprensibles, "esto implica una espera más larga para que los gestores patrimoniales obtengan datos ASG útiles para tomar decisiones de inversión sostenible. Mientras tanto, los inversores deberán seguir confiando en los datos y en las evaluaciones ASG proporcionadas por terceros". A esto se asocia luego un punto por aclarar ya mencionado por el Foro y relativo a la obligación de adoptar un plan de transición para la mitigación del cambio climático, "que debería aplicarse a las actividades empresariales de los gestores patrimoniales y no a todos los activos gestionados por cuenta de los inversores".
Dudas sobre el acceso a "datos ASG de calidad" llegan también por parte de Tom Willman, regulatory lead en Clarity AI, que indica cómo lo puesto en marcha por la Comisión UE más que una simplificación se configura como una "desregulación" ya que "la propuesta va mucho más allá de su objetivo inicial y excluye a un gran número de empresas de la obligación de presentar informes de sostenibilidad". Willman insiste en la necesidad de acceso a los datos ASG como "fundamental para sostener la sostenibilidad a largo plazo y, aún más importante, para garantizar la competitividad a largo plazo de las empresas y los mercados europeos".
El experto remarca luego que la estabilidad política y normativa juega "un papel clave en el mantenimiento de la competitividad del mercado". En este contexto, el anuncio del 26 de febrero, "suscita algunas preocupaciones, ya que introduce cambios de gran alcance en un arco de tiempo relativamente breve y con una consulta limitada".
Los próximos pasos
Las propuestas legislativas serán ahora sometidas al Parlamento Europeo y al Consejo para su evaluación y adopción. Las modificaciones a la CSRD, CSDDD y CBAM entrarán en vigor una vez que los co-legisladores hayan alcanzado un acuerdo sobre las propuestas y después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.
