Se ha planteado eliminar la referencia actual que hay en la Ley de IIC para permitir la comercialización de planes de pensiones de empleo. Una noticia aplaudida por los participantes del XXXIII Debate Legal FundsPeople, pero que consideran escasa para impulsar a estos vehículos.
Planes de pensiones de empleo: nuevas propuestas positivas, pero insuficientes para potenciar el sistema

Elisa Ricón, directora general de Inverco, reconoce que “esta solicitud era necesaria para que los planes de empleo lleguen a todas partes, pero no es suficiente. Lo que de verdad es imprescindible es que los planes de empleo accedan a las mesas de negociación colectiva, donde están los representantes de las empresas y de los trabajadores. Y hoy por hoy lo que se está primando en esas mesas es el salario presente, no el salario diferido”, asegura.
Ricón explica que la Ley 12/2022 para el Impulso de los Planes de Empleo tenía unos objetivos muy ambiciosos: llegar a través de estos vehículos al mayor volumen de población posible. Cuando se formuló esta norma había dos millones partícipes en planes de empleo y se cuantificó llegar a 13,5 millones de trabajadores cubiertos con planes de empleo en 2030. “Han pasado tres años y solo se han incorporado 600.000 trabajadores. Son muchas personas, y esa es una magnífica noticia, pero solo suponen un 5% del objetivo”, apunta. Por tanto, “todo lo que se haga para incentivar o eliminar trabas es bienvenido para llegar a la meta, pero hace falta que los incentivos sean más potentes”, subraya.
Una opinión que comparte con Bárbara González, counsel de Linklaters: “Este cambio es bienvenido, pero no se puede quedar ahí. Es necesaria una modificación del Estatuto de los Trabajadores para que estos planes de pensiones se pongan sobre las mesas de negociación de los convenios colectivos, además de reformas fiscales que promuevan la contratación de este tipo de planes. Y lo más importante, hacen falta medidas de concienciación a nivel institucional; es importante formar a la gente”, insiste.
Dicho esto, José Carlos Sánchez-Vizcaíno, director de Supervisión de Depositaría de Cecabank, recuerda que la regularización de la actividad de comercialización todavía no es una realidad, sino que se trata de “una enmienda que está en proceso de negociación dentro del proyecto de Ley de Creación de la Autoridad Administrativa de Defensa del Cliente Financiero, que lleva tiempo para salir adelante”. En cualquier caso, el experto coincide en que este cambio “aporta seguridad jurídica y va a permitir aprovechar al máximo la tracción y capilaridad de las redes de las entidades comercializadoras, que van a ayudar al objetivo de la norma de incrementar el número de partícipes y el patrimonio en planes de empleo, que al final es lo más importante”.
1/5Es cierto que la noticia es positiva, pero hay que ponerla en contexto, que sigue siendo bastante desalentador para el sector. Según los datos de Inverco, el sistema de pensiones en conjunto registró prestaciones netas por valor de 616 millones en 2024. En los planes de pensiones individuales, las aportaciones se han frenado desde que se limitaran los incentivos a las aportaciones hasta 1.500 euros. “El efecto acumulado es de 10.000 millones de euros que han dejado de entrar en planes de pensiones, y cada año que pase sin reconstituir los límites de aportación, esta cifra se incrementará en 2.700 millones”, sostiene Elisa Ricón. Por su parte, los planes de empleo tuvieron suscripciones netas por primera vez en 13 años, si bien los expertos consideran que se trata de un efecto vinculado en su práctica totalidad al plan sectorial de la construcción.
Que se incorporen otros colectivos dependerá de la negociación colectiva. Y esto, recuerda Pilar Galán, socia y responsable de área de Legal y Regulación del Sector financiero en KPMG Abogados, depende una vez más de los estímulos: “Tenemos encima de la mesa problemas estructurales, falta de incentivos fiscales y, en general, económicos que permitan desarrollar los planes de pensiones. Indudablemente, el papel de las gestoras es importante, pero no es lo único que va a conseguir que se desarrollen”, apunta.
En la misma línea, Álvaro Requeijo, responsable de Regulación Financiera y Seguros de Álvaro Requeijo Abogados, critica que “no puedes pretender impulsar un pilar en detrimento del otro. Se pensaba que iba a haber un trasvase de inversores de los planes individuales a los de empleo y no lo ha habido”. El experto recuerda otra cuestión de fondo para potenciar los FPEPP: “En las licitaciones públicas no se permite a las gestoras adjudicatarias deducirse los gastos de comercialización, lo cual choca frontalmente con la obligación de alcanzar un patrimonio bajo gestión mínimo en un plazo de tres años. Si no se alcanza dicho patrimonio, la Administración podrá resolver el contrato de gestión. Por otro lado, la inclusión de la expresa posibilidad de comercializar planes de empleo por las gestoras resulta relevante para que esta actividad esté claramente exenta de IVA” apunta.
Por último, Sánchez-Vizcaíno recuerda que “recibir la información de la pensión pública estimada es imprescindible para concienciar de la necesidad del ahorro a largo plazo para complementar esos ingresos tras la jubilación. Está contemplado en una ley de 2011 y todavía seguimos a la espera”, apunta.
2/5En este punto, Ricón cita como ejemplo la reforma de pensiones que está en curso en el País Vasco. “En ella se empieza reconociendo la necesidad de la previsión social complementaria sin cuestionar la centralidad del sistema público; se aborda la fiscalidad de las prestaciones, separando rentabilidad y aportaciones; y se proponen incentivos personalizados”, sugiere.
Estas iniciativas, insiste Sánchez-Vizcaíno, “han sido medidas reclamadas por toda la industria anteriormente para su aplicación a nivel estatal. De momento, la reforma fiscal en el ámbito de la previsión social complementaria en el País Vasco, está en fase de tramitación, por lo que podría sufrir cambios, pero la expectativa es que las medidas, dependiendo de su naturaleza, pudieran tomar efecto entre 2025 y 2026”, avisa.
3/5Dentro de ese bloque de enmiendas en el Proyecto de Ley Creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, otra de las cuestiones que ha pasado desapercibida es la propuesta relacionada con el supuesto de liquidez a los 10 años. “Se propone que, en línea con la normativa de IIC, se incorporen medidas de carácter macroprudencial que permitan regular el mercado en caso de retiradas masivas de los derechos consolidados y evitar un posible riesgo sistémico. Sin embargo, no hay que olvidar que esta medida ayuda a gestionar ex post, pero en ningún caso impide a priori el drenaje de partícipes y la merma de patrimonio de los Fondos de Pensiones, que es lo que realmente está preocupando a la industria y lo que perjudica a la ciudadanía que no dispondrá de ese ahorro para complementar sus ingresos tras la jubilación”, advierte José Carlos Sánchez Vizcaíno.
En su opinión, “no se está aprovechando esta oportunidad para regular el supuesto de liquidez a los 10 años. Y en el marco de los Planes de Empleo hay un efecto contagio que podría ser demoledor para el patrimonio del segundo pilar y también podría suponer un desincentivo para los propios promotores a la incorporación de los planes de pensiones dentro de la negociación colectiva, al desvirtuarse su objetivo”.
Otra de las novedades importantes si sale adelante esta enmienda es que “se permite que los Fondos de Pensiones de empleo abiertos no tengan que constituir una Comisión de Control formada por integrantes de todos los planes de pensiones en los que invierten, esto es otra vía de agilización del mercado muy relevante”, subraya Álvaro Requeijo. Los fondos de pensiones abiertos sirven como vehículo para canalizar las inversiones de otros fondos y planes de pensiones.
4/5Tras el Real Decreto 1086/2024 y la Orden ministerial 1198/2023 que aclaró algunas cuestiones de la remuneración de los miembros y régimen de funcionamiento de la Comisión de Control, siguen pendientes de solventarse algunas cuestiones logísticas, que la industria confía en que no tarden en resolverse.
Como siguiente paso, entre otras cuestiones, la Comisión de Control Especial tiene que poderse reunir y formular la Declaración de Principios de la Política de Inversión de los 15 fondos, algo en lo que se apoyaría en las gestoras. Si bien, el hito más relevante se producirá cuando se adscriban los primeros planes.
5/5