Los participantes del último Debate Legal FundsPeople cuentan cómo se han adaptado las entidades a la nueva obligación, tras la que han recibido muchas consultas.
El pasado 2 de agosto entró en vigor la obligación de tener que preguntar al cliente por sus preferencias de sostenibilidad. Algo que ha provocado desde los meses previos todo un tsunami en la industria, que ha tenido que ajustar en los últimos años no solo su gama de producto, sino también la documentación y la forma de relacionarse con el cliente para adaptarse a la normativa europea SFDR. Algo que ha sido objeto de la XXIV edición del Debate Legal FundsPeople.
“Los meses previos a agosto han sido muy intensos”, admite Ana Benítez, socia de FinReg360. Han participado en numerosos proyectos de implementación de esta normativa y recibido muchas consultas de entidades que llevan más de un año adaptándose a los nuevos requerimientos. “El principal impacto identificado es cómo las preferencias de sostenibilidad van a acotar los productos que puedes ofrecer a los clientes, ya que sólo se podrán recomendar o incluir en las carteras de los clientes productos que respondan a dichas preferencias conforme la definición de la norma, que es muy exigente. Pero también el desarrollo tecnológico, las entidades se han visto desbordadas”, comenta Benítez.
Por otra parte, el hecho de tener que formar a la red para poder informar al inversor ha sido otra de las trabas que se han encontrado. Y más con un verano de por medio. “Ha habido entidades a las que no les ha dado tiempo”, añade la experta.
La realidad es que el sector lleva mucho tiempo adaptándose y poniendo sus mejores esfuerzos. Y es algo que reconocen desde Inverco. No en vano, “la regulación de sostenibilidad está muy enfocada en la información y por ello debería poner en el centro al inversor, solicitándole y suministrándole información comprensible”, afirma Elisa Ricón, directora general de Inverco.
Y es que al igual que las entidades no están preparadas tampoco lo está el cliente. “Al final, el inversor no está preparado para unas preguntas tan complejas y necesitan que el asesor se las explique”, sugiere Natalia López Condado, responsable del área de Regulación Financiera y Fondos de Inversión de DLA Piper España. Quien alude a que se han introducido “muchos cambios en muy poco tiempo”.
¿Se podría haber esperado?
Por todo ello, los participantes del Debate Legal sugieren que se podría haber esperado a incluir estos test a los clientes. “Habría sido más conveniente esperar a completar bien el despliegue de la normativa que obliga a las entidades a divulgar la información en materia de sostenibilidad”, asegura José Carlos Sánchez-Vizcaíno, director de Supervisión de Depositaría de Cecabank.
Una opinión que comparte José Carlos Vizárraga, director General de Ibercaja Pensión: “Al final, obligar a las entidades a hacerlo en tiempo récord, tiene como resultado un modelos de mínimos porque no llegan. Y no es el objetivo. No nos han dado tiempo suficiente para poder elaborar bien la respuesta que le vamos a dar al cliente”.
En cualquier caso, Sánchez-Vizcaíno pone de relieve que la actualización de los test también trae algún aspecto positivo, porque “se ha conseguido evitar el mercado destinatario negativo". Con ello, el experto se refiere a que "aunque el cliente asesorado o bajo gestión discrecional, entre otros motivos, pudiera no entender las preguntas tan específicas, opte por indicar que no tiene preferencias ESG, se le podrá ofrecer producto sostenible y evitar el efecto expulsión. Esto permite a la industria seguir ofreciendo su gama ESG. Los esfuerzos de la industria en ofrecer estos productos específicos van a ser compensados”, concluye.
