En un artículo publicado en la Gazeta Russa, Kóstikov afirma que los esquemas de inversión piramidal son comunes en toda Rusia y no sólo no existen leyes para impedir los fraudes sino que tampoco existe un órgano de gobierno que se encargue ni de supervisar los fondos de inversión ni de conceder autorización para actuar. Según explica Kóstikov, los defraudadores tienen libertad para moverse con impunidad y hasta promueven grandes campañas publicitarias en la prensa local anunciando altísimas rentabilidades. En síntesis, se organizan como clubes de inversión que invierten en fondos mutuos, pero la realidad es que cuando el inversor quiere recuperar su dinero, todo se ha perdido, le dan explicaciones poco convincentes sobre lo que ha fallado y, en ocasiones, la entidad desaparece. El pequeño inversor no tiene ley a la que agarrarse.
Kóstikov advierte de que el peligro no es siempre fácil de detectar porque estas entidades fraudulentas no siempre perjudican a todos los inversores. Los mayores clubes pagan rentabilidades reales a algunos de sus inversores, pero no es gracias al éxito de sus inversiones sino a costa de captar a otros inversores que sí pierden su dinero. Es decir, el clásico esquema Ponzi o inversión piramidal.
Aunque son menos evidentes, Kostikov también advierte de los fraudes relacionados con la concesión de hipotecas o de préstamos para la compra de automóviles en los bancos populares. Según el fundador de la Unión de Consumidores de Servicios Financieros, algunas entidades se están aprovechando de la ausencia de regulación para difundir estos productos entre clientes que no tienen solvencia. El objetivo es cobrar las comisiones por la venta de préstamos y cuando el préstamo se considera irrecuperable, los bancos acaban vendiéndolo a las agencias de cobro de deudas. “No existe ningún apartado en la ley de quiebras personales que se refiera a estas agencias. Son completamente ilegales, pero nadie tiene conciencia de esto”, afirma Kóstikov. En este sentido, el que la sociedad rusa tome conciencia de estos riesgos es uno de los principales retos que tiene la Unión de Consumidores de Servicios Financieros junto con la reclamación de un mejor entorno legislativo y de control.