El informe "Los desafíos de la inversión sostenible" analiza en detalle la sostenibilidad de las carteras de los 13 fondos de inversión UCITS españoles que se consideran artículo 9.
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Dos años después de la entrada en vigor del reglamento SFDR, el patrimonio de los fondos de inversión clasificados bajo los artículos 8 y 9 ha experimentado en España un crecimiento de 84.580 millones de euros. En marzo de 2021 representaban el 9,8% del patrimonio total de fondos nacionales, un porcentaje que se ha elevado hasta el 34,9% a finales de marzo de 2023. Sin embargo, el peso de los fondos del art. 9 sobre el total solo alcanza el 1%. Y casi el 20% de las empresas en las que invierten estos productos presentan controversias con algún factor ESG.
Así se desprende del informe "Los desafíos de la inversión sostenible", elaborado por la Cátedra Internacional de Finanzas Sostenibles de la UPF Barcelona School of Management, Gabeiras & Asociados y Triodos Bank. Según el informe, estas dudas son "residuales en el enfoque ambiental pero más relevantes en el enfoque social y de gobernanza, con algunas observaciones que pueden poner en duda la naturaleza sostenible de estos fondos, en concreto en lo relativo a la exposición a sectores controvertidos como el tabaco, alcohol, juego o armamento, así como la minería o el petrolero", justifican. Una inversión que se da en la cartera de deuda corporativa y en la de renta variable.
El estudio analiza en detalle la sostenibilidad de las carteras de los 13 fondos de inversión UCITS españoles que se consideran, a fecha de referencia del informe (2º trimestre de 2022), artículo 9.
¿En qué invierten?
Según el estudio, un 32,6% de las carteras está invertido en renta fija; seguido de un 29,2% en renta variable; y un 28,2% en deuda pública. Apenas un 6,9% está invertido en otras Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) y un 3% en depósitos.
En la inversión en emisiones de renta fija, un 46,1% de la exposición al sector bancario; un 4,5% de las emisiones corresponden a sectores controvertidos; y un 2,1% al sector metalúrgico y a la producción de petróleo y gas. Un 8,5% estaría en sectores controvertidos.
Faltan criterios homogéneos
Según la normativa, los catalogados como art. 9 tienen la obligación de que el 100% de las inversiones, excepto activos destinados fines específicos como cobertura y liquidez, deban ser “inversiones sostenibles". Son los que se denominan como "Dark Green". Pero no establece un sistema específico de clasificación o rating de eso fondos y, por lo tanto, su catalogación dependerá de cómo el fondo y la entidad gestora dan respuesta a los requisitos establecidos en la normativa.
En la actualidad son los fondos amparados por el artículo 8, "cuyo nivel de sostenibilidad es mucho más discreto e incluso discutible en ocasiones", según arguyen en el informe, los que se comercializan mayoritariamente como inversiones sostenibles.
La cautela a la hora de clasificar los fondos, la falta de claridad en cómo etiquetarlos o la exposición a riesgos financieros son algunos de los retos a los que se enfrenta la inversión sostenible, según explican en el informe.
Algunas recomendaciones
Marcos Eguiguren, director de la Cátedra Internacional de Finanzas Sostenibles UPF-BSM y Triodos Bank, ha considerado que “en estos momentos en que se siembran dudas sobre la inversión ESG, especialmente en Estados Unidos, conviene revisar el marco regulatorio europeo y la realidad de lo que nuestras gestoras califican y comercializan como fondos sostenibles”. En su opinión, "es necesario más rigor en la selección de activos a la vez que se hacen mayores esfuerzos por proporcionar a los inversores una información clara y sencilla sobre la naturaleza “sostenible” de los fondos calificados como tales en Europa".
Por su parte, Mikel García-Prieto, director general de Triodos Bank España, lanza una reflexión: “La industria debería preguntarse por qué resulta más complejo hacer una inversión verdaderamente sostenible y verde que ir alejándonos de las inversiones “marrones”. El sector tiene disponibles las herramientas para ello, pero debemos hacer un acompañamiento desde las instituciones y el regulador para ayudar a las gestoras a adaptarse mejor y más rápido a los cambios que esto supone”.