Una cierta falta de datos comparables, coherentes y de alta calidad sigue siendo la causa fundamental de muchos de los retos de la aplicación de los criterios ESG. ¿Un ejemplo? La Taxonomía de la UE sobre actividades sostenibles. Tal y como explican los expertos de Candriam en un paper sobre la SFDR, a largo plazo, la Taxonomía incluirá dos marcos: una taxonomía medioambiental y una Taxonomía social.
En la actualidad, la Taxonomía medioambiental es la más avanzada, ya que se basa en consideraciones científicas, y ha definido seis objetivos medioambientales, los dos primeros de los cuales (mitigación del cambio climático y adaptación) están relativamente bien enmarcados. Define las actividades empresariales sostenibles basadas en parámetros de rendimiento físico, como las emisiones de CO2 por kWh. La Taxonomía social, en cambio, sigue en fase de borrador y se basará en mayor medida de las normas y valores internacionales.
“Dado que estos criterios relacionados con la Taxonomía están ahora estrechamente interrelacionados con el SFDR y las consiguientes modificaciones de MiFID, las plantillas precontractuales de nivel 2 del SFDR y las evaluaciones de sostenibilidad de MiFID incluyen referencias a los niveles de armonización de la Taxonomía. Sin embargo, actualmente no es posible medir de forma automática y precisa la armonización de la Taxonomía de la mayoría de las empresas debido a la falta de normas de información y datos pertinentes”, recuerdan desde la entidad.
Esta dificultad afecta a todos los gestores de activos y, en cierta medida, a todo el sector financiero. Según indican desde la entidad, se trata de la falta de datos de calidad para evaluar rigurosamente la armonización de la Taxonomía. “Esto solo puede resolverse cuando haya disponibles más y mejores datos”.
A juicio de los expertos en regulación de la firma, aunque la entrada en vigor de la Directiva sobre la presentación de información de sostenibilidad de las empresas (CSDR) debería proporcionar cierta ayuda al respecto a partir de 2024, al menos para los emisores de la UE, es importante que los participantes del mercado financiero sigan utilizando su influencia, especialmente a través del voto y el compromiso, para promover una mayor divulgación de información no financiera.
La cuestión de los datos también afecta a la divulgación ahora obligatoria de los principales impactos adversos en virtud del nivel 2 del SDFR. Por ejemplo, el principal impacto adverso 7, que trata de reflejar los efectos negativos sobre las zonas sensibles a la biodiversidad, plantea problemas específicos.
“La representación exacta de los impactos sobre la biodiversidad requiere información detallada sobre las plantas operativas locales de las empresas y su biosfera local. Como ejemplo, los efectos de la biodiversidad, a diferencia de las emisiones de CO2, no pueden agregarse bajo un único indicador. Los inversores deben ser muy conscientes de estas cuestiones y prestar mucha atención a los datos y las metodologías que se basan en los indicadores y la información divulgada por los fabricantes de productos”, concluyen.
