Los participantes de la XXII edición del Debate Legal FundsPeople analizan cómo ha sido la implementación de la regulación en materia de sostenibilidad y exponen las dudas que todavía hay sobre la mesa.
La sostenibilidad ha sido uno de los temas que ha centrado el interés de las entidades participantes en la XXII edición del Debate Legal de FundsPeople. No es para menos, en los últimos años la entrada en vigor de la abundante regulación europea de finanzas sostenibles (SFDR, taxonomía y otros desarrollos) ha obligado a gestoras y entidades a adaptarse a los nuevos requerimientos. Sin embargo, todavía hay muchas dudas encima de la mesa que dificultan el desarrollo de la industria en la materia.
En opinión de José Carlos Sánchez-Vizcaíno, director de Supervisión de Depositaría de Cecabank, hay mucha sensibilidad sobre la regulación en sostenibilidad, que afecta no solo a gestoras, sino también a entidades depositarias, proveedores de datos y supervisores. “Las gestoras han realizado un esfuerzo superlativo en el ámbito de las inversiones. Pero está claro que las incertidumbres que existen no favorecen el despliegue robusto de la industria en materia de sostenibilidad”, asegura. En concreto, apunta a la “falta de datos y el desfase temporal de la taxonomía”, ya que los emisores empezarán a reportar datos de forma obligatoria y con carácter general después de que lo hayan hecho las gestoras.
Todas las entidades participantes van en esta línea. María Pérez-Fontán, directora de Asesoría Jurídica de CaixaBank AM, destaca el compromiso de la gestora y del banco con la sostenibilidad. “En el último año se ha destinado un elevadísimo nivel de recursos para cumplir con todos los requerimientos de la normativa”. Esto se ha unido a la “rapidez de la entrada en vigor de la misma”. La suma de ambos aspectos ha provocado “un enorme esfuerzo y un desafío muy grande para la industria. Y eso que en taxonomía lo aprobado hasta la fecha es solo la punta del iceberg”, advierte la experta.
Otro tema que preocupa al sector es el papel que juega el inversor. Elisa Ricón, directora general de Inverco, recuerda que, si nada lo impide, la obligación de los distribuidores de preguntar al partícipe por sus preferencias de sostenibilidad a la hora de realizar sus inversiones será exigible a partir de agosto de este año.
Ricón pide que se retrase la entrada en vigor de este aspecto hasta que las obligaciones exigibles sean suficientemente claras como para permitir una comunicación constructiva con el cliente. “No se puede hablar de supervisión rigurosa sin un marco normativo claro”, insiste. En su opinión, es preferible un “acompañamiento que permita la construcción de estándares y un entendimiento común”.
Y es que, tanto en el Plan de Actividades 2022 de la CNMV como en el de ESMA, se establecen como objetivos realizar “revisiones horizontales”, y esto entronca, en opinión de Sánchez-Vizcaíno, “con otro de los objetivos manifestados en la hoja de ruta de finanza sostenibles de ESMA 2022-2024, el de desarrollar las capacidades de las autoridades nacionales y la propia ESMA; y con las mejoras en el funcionamiento de la CNMV, en particular, en lo relativo al refuerzo de la formación y capacitación de su personal en materia de finanza sostenibles”.
En cualquier caso, todos coinciden en que la normativa de sostenibilidad es una carrera de fondo y se seguirán viendo actualizaciones durante, al menos, los dos próximos años. En opinión de Ricardo Plasencia, socio del despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo, “probablemente esta regulación no cumpla con los objetivos últimos y haya que adaptarla”.
Entretanto, el marco se ha ido construyendo con el conocimiento de las gestoras y debería ir acompañado, según Ricón, “de un calendario extenso en el que se haga un base de aprendizaje”. Esta carencia en los plazos actuales, sumado a la falta de claridad en muchos aspectos, ha provocado que las entidades estén siendo más prudentes a la hora de registrar los productos catalogados como artículo 8 y artículo 9. Un proceso en el que están en desventaja las gestoras más pequeñas. “Todos estos desarrollos requieren recursos y no todas las gestoras podrán acometer estos desafíos”, advierte Sánchez-Vizcaíno.
Liquidez de las IIC
Otra de las normativas que se ha comentado durante el Debate Legal ha sido la Guía Técnica de la CNMV sobre la gestión y el control de la liquidez en las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), cuyo objetivo ha sido incluir y agrupar todos los criterios supervisores relevantes que ha ido transmitiendo el regulador a las entidades en los últimos años.
En esta guía se detallan las técnicas y procedimientos a seguir. Y la valoración general de todas las entidades es positiva. “Era una guía muy esperada y con especial impacto en las gestoras”, opina Sánchez-Vizcaíno, que considera, además, que “va a redundar en una mejor protección de los inversores”.
“La CNMV ha sido precursora en el seguimiento de la liquidez de los fondos, y también ha participado en la acción conjunta de la Unión Europea para su análisis”, añade Ricón. Adicionalmente, recuerda que la revisión de las Directivas UCITS y de fondos de inversión alternativa inciden en esta cuestión con el objetivo de armonizar la disponibilidad de herramientas para gestionar la liquidez y sus condiciones de uso, que no eran iguales en todos los países.
En cualquier caso, no se trata de una innovación radical, sino que la guía amplía las medidas aprobadas anteriormente. “En nuestro caso, no plantea ningún problema de cumplimiento. Es lo que ya veníamos haciendo”, reconoce Pérez-Fontán. Además, “ha llegado en un momento clave para los mercados”, sugiere Plasencia, en relación a las caídas provocadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania. “Y refleja la buena salud financiera de la industria”, añade.
