La industria de gestión de activos tiene que hacer frente al nuevo marco regulatorio, que traerá novedades normativas durante los próximos meses. Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, repasa las más importantes.
La industria de gestión de activos está inmersa en un proceso constante de cambios para tener que adaptarse a la nueva realidad, que está definida, entre otros, por el nuevo entorno digital y sostenible. Pero también tiene que hacer frente al nuevo marco regulatorio, que traerá novedades normativas durante los próximos meses. Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, repasa las más importantes.
La industria de gestión de activos afronta una serie de retos como la sostenibilidad, la digitalización o la aparición de nuevos activos alternativos. ¿Cómo están afrontando el camino las gestoras? ¿se apoyan en los depositarios?
La digitalización, entendida como adaptación a las nuevas tecnologías, genera ventajas para cualquier empresa. En la industria de gestión de activos, este proceso no es una opción sino una obligación con costes de adaptación, si bien va a generar beneficios. Para el cliente, porque incrementa sustancialmente la calidad del servicio prestado, al permitir conocer mucho mejor sus preferencias; y para la gestora, porque incorpora nuevos canales de contratación e información, que además puede ser personalizada. Todo ello va a permitir generar las economías de escala necesarias en el nuevo entorno tan competitivo para todas las entidades. En definitiva, el proceso hacia un modelo de negocio más digital es inevitable.
Respecto a la integración de los criterios de sostenibilidad, es un proceso tan imparable como el anterior. La inversión sostenible está creciendo de forma exponencial, y ya resulta casi imprescindible en la cartera de muchos inversores, especialmente los institucionales. Según una encuesta reciente realizada por el Observatorio Inverco a gestoras de fondos de inversión, dos tercios de las entidades (67%) ya han notado un incremento en el interés de los partícipes hacia este tipo de inversión. Y para ello, casi ocho de cada 10 gestoras han implementado cambios para adaptarse a la nueva normativa ESG. Para optimizar la transformación hacia este tipo de inversión, el 77% de las gestoras ya invierte en formación en ESG para empleados y distribuidores.
La función de control y supervisión que realizan los depositarios ha sido y va a seguir siendo clave para asegurar el buen funcionamiento de la inversión colectiva en España. Su papel en la industria como supervisor de la labor de la gestora refuerza la protección de los partícipes y está perfectamente detallado en la normativa. Y como tal se cumple sin ningún tipo de incidencias.
¿Qué áreas están potenciando más las gestoras para afrontar los nuevos cambios?
La adaptación a la nueva normativa ESG está exigiendo cambios en las entidades. Para ello han potenciado ciertas áreas, especialmente en el ámbito en la gestión de inversiones (el 89% de las gestoras encuestadas). Aunque más de la mitad confirma que también ha realizado cambios en áreas de riesgos y comunicación y reporting a clientes.
El proceso de consolidación, ¿cómo ha cambiado a la industria?
La crisis financiera de 2008 trajo consigo una drástica reducción en el número de entidades registradas, en medio de procesos de fusión e integración. Así, el número de SGIIC registradas en CNMV pasó de 126 en 2008 a 96 en 2015. No obstante, el auge de la inversión colectiva en los últimos años ha permitido incrementar dicho número de nuevo hasta las 125 registradas en la actualidad.
En cualquier caso, es un proceso generalizado en todos los países relevantes de la inversión colectiva (tanto europeos como americanos) y que ha seguido incrementándose. Eso sí, lo ha hecho de forma mucho más lenta en los últimos años: mientras que en 2008 el top-10 del ranking de gestoras representaba el 71% de la industria, dicho porcentaje subió hasta el 77% en 2015 y apenas ha subido un punto porcentual en los últimos años hasta el 78% en mayo 2021.
¿Cuáles son las novedades normativas más importantes que les afectan para los próximos meses?
Tres piezas normativas están en el horizonte próximo: la revisión de la Directiva de Gestores de Fondos de Inversión Alternativa (AIFMD), la revisión de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II), y la transposición de la Directiva de venta transfronteriza de fondos.
En relación con MIFID II, la regulación sobre incentivos está en debate. Sobre esta cuestión la industria europea, y también nuestra Asociación ya se han manifestado muy claramente: debe mantenerse el modelo dual actual. Es decir, el de pago explícito del cliente (sin retrocesiones), y el de pago implícito del cliente (con retrocesiones); sin que se deba prohibir o limitar aún más ninguno de ellos. Los cambios propiciados por MiFID II (recién implementados) están siendo más que significativos, tanto en términos de protección a los inversores como de mejora de estándares y de servicios, por lo que no es el momento de nuevos ajustes bruscos en los modelos de negocio.
Otras dos iniciativas relevantes son PRIIPs (sobre la que se confirma un retraso de seis meses, hasta junio de 2022, en la adaptación del KID de UCITs al de PRIIPs); y la ESG, que ya ha iniciado su puesta en marcha en agosto de 2020 para Fondos de Pensiones, ha continuado en marzo de 2021 (con el Reglamento de divulgación), y seguirá con nuevas exigencias y requisitos en los próximos semestres.
Compartimos plenamente los objetivos de esta importante iniciativa europea, si bien está suponiendo numerosos retos y dificultades a las gestoras debido a tres factores: la ausencia de información sobre sostenibilidad de las empresas en que invertimos; la falta de un marco jurídico definitivo, que se va aprobando por fases y no siempre con un orden cronológico, por ejemplo la taxonomía; y el coste de adaptación de procesos internos y de recursos humanos.
¿Cuál es la nueva reforma de las sicav y cómo la valoran desde Inverco?
El cambio de regulación de las Sicav va en una línea contraria a la legislación comunitaria. Impone requisitos inéditos en la legislación comparada, como un volumen de inversión mínimo, o el control de la idoneidad de los accionistas por la Administración Tributaria. Sobre ello, nuestra Asociación ya se ha posicionado muy negativamente en los últimos años. Aunque al menos se ha aprobado un régimen transitorio de salida que evite la retroactividad fiscal, a aquellos accionistas cuyas sociedades deciden disolverse.
Recientemente, también se manifestaban reacios a los cambios fiscales que trasladaban los beneficios fiscales de los planes individuales a costa de los de empleo...
La reducción drástica (en un 75%) del límite de aportación a Planes de Pensiones individuales ha sido una decisión equivocada. Por un lado, en el fondo, porque su desarrollo es necesario e imprescindible para un país como España, con una longevidad creciente y con un importante reto de sostenibilidad financiera en sus pensiones públicas. Pero también en el plazo, ya que hubiera sido necesario, en su caso, hacerlo de forma gradual y acompasada con el desarrollo efectivo del segundo pilar.
La apuesta del Gobierno por desarrollar el segundo pilar es muy positiva, pero no debe hacerse a costa del tercero. Éste sigue siendo imprescindible para todos los trabajadores autónomos, pero también para la inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta ajena que aún no tienen un Plan de Pensiones en su empresa. El proyecto de Ley debe incorporar un estímulo fiscal potente a las empresas que constituyan o tengan constituidos Planes de Pensiones, permitir el acceso a todas las gestoras de Fondos de Pensiones que así lo deseen y tener en cuenta el nivel de comisiones de Planes de empleo de países como Holanda (0,48%) o Reino Unido (límite legal del 0,75%), que tienen sistemas obligatorios de aportación.
Además, sigue siendo fundamental para fomentar la educación financiera, como ha recomendado la Comisión del Pacto de Toledo en sus recientes conclusiones, el envío de la obligación establecida en 2011 de remitir la estimación de la pensión pública a todos los españoles, que 10 años después está sin ser enviada.