Con el objetivo de dinamizar el mercado inmobiliario español y, en especial, el del alquiler, se ha aprobado la nueva regulación de las Socimi. Si bien en un primer momento las nuevas normas de estos vehículos estaban incluidas en la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas, ante el retraso en la aprobación de esta Ley se ha decidido incluir la regulación de las Socimi en la Ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, que ha sido aprobada el jueves por la tarde por el Pleno del Congreso de los Diputados.
La nueva regulación entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, que se espera sea en los próximos días. "Creemos que va a generar mucha inversión en las Socimi, tanto de inversores nuevos que deseen lanzar su sociedad, como de propietarios de inmuebles que se adapten a esta nueva figura. También será interesante para los partícipes que quieran invertir en estos vehículos", explica Ismael Fernández Antón, socio del departamento de Derecho Inmobiliario de Ashurst, firma que ha estado muy implicada en este segmento.
Dos son los aspectos fundamentales de la nueva regulación que, según los expertos de Ashurst, harán de este tipo de vehículos una inversión más atractiva: la mejora en su fiscalidad y la posibilidad de que coticen en un sistema multilateral de negociación. Y es que, desde que se aprobara la regulación de estos vehículos en 2009, su éxito había sido muy limitado.
Tributación al 0%
En el aspecto fiscal, según explica Javier Hernández Galante, abogado del departamento de Derecho Tributario de Ashurst, la nueva regulación establece que el vehículo tributa al 0% frente al 19% de la norma anterior y los partícipes tributarán a su tipo marginal sobre los dividendos y beneficios obtenidos. No obstante, si los partícipes no tienen que tributar por su condición personal o tributan por debajo del 10%, la norma establece que el vehículo sí que tributaría al 19%.
El otra aspecto importante es la posibilidad que la nueva norma abre a estos vehículos para que coticen en los sistemas multilaterales, frente a la obligatoriedad anterior que los limitaba a cotizar en mercados regulados, lo que "lastraba" el interés de estos vehículos, según Javier Mateos, abogado del departamento de Derecho bancario y financiero. "En España, el MAB es un mercado más flexible para que salgan a cotizar estos vehículos", dice. Se espera que este mercado alternativo cree un nuevo segmento para que coticen las Socimi, igual que tiene para las sicav o los ETF. Según los expertos, esto podría hacerse de manera "inmediata".
Además, la norma también flexibiliza el nivel de apalancamiento que estos vehículos podrán asumir y elimina el número mínimo de inmuebles que debían incluirse en una Socimi, que era de tres. Es decir, ahora, se podrá lanzar este vehículo para canalizar la explotación de un solo inmueble.
Los vehículos estarán obligados a repartir el 80% de sus beneficios procedentes del negocio de alquiler en forma de dividendos, frente al 90% que se exigía anteriormente. Y se reduce de siete a tres años el tiempo que tienen que permanecer en alquiler los inmuebles para poder beneficiarse de las ventajas fiscales. Además, se rebaja a cinco millones de euros el capital mínimo para constituir una Socimi frente a los 15 millones que se exigía hasta ahora.
Nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
El Proyecto de Ley el que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica en el que se ha incluido la disposición de las Socimi, tiene como objetivo crear la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que, según la información del Congreso de los Diputados, agrupará las funciones relativas al correcto funcionamiento de los mercados y sectores supervisados por la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.