Cada vez más inversores institucionales recurren a prácticas enmarcadas en la corriente del activismo como una forma de generar valor adicional que se traduzca en retornos superiores de la empresa. Las gestoras explican el modo en el que actúan.
El mismísimo Henry Ford protagonizó el primer caso de activismo de la Historia. El padre de la producción en cadena poseía en 1916 el 58% de Ford Motor Co. Los hermanos Dodge poseían otro 10% y el resto estaba en manos de otros cinco inversores. Desde 1908 la compañía había retribuido a sus accionistas de forma regular con un dividendo anual, que entre 1911 y 1915 se vio complementado por un generoso dividendo extraordinario. Sin embargo, en 1916 Ford decidió unilateralmente cancelar el segundo dividendo y destinar ese efectivo a expandir el negocio y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Los hermanos Dodge lo llevaron a los tribunales y éstos les dieron la razón, obligando a Ford a restituir el dividendo extraordinario.
Cien años después, cada vez más inversores se suben al carro del activismo. Más allá de nombres famosos como Carl Icahn, Daniel Loeb o Phil Falcone, están empezando a incorporarse a este universo grandes inversores institucionales que ven estas prácticas como una forma de generar valor para sus clientes. Una de las últimas gestoras de fondos en adoptar esta clase de prácticas ha sido Fidelity Worldwide Investment. A finales de 2013, la firma mandó una carta a 400 compañías sobre las que tenía participaciones en las el Dominic Rossi, director mundial de renta variable de la gestora, les advertía que votaría en contra de los esquemas de pago de bonus que no obligaran a los altos directivos a mantener sus acciones al menos tres años.
“A lo largo de los últimos años, las campañas activistas han demostrado que aportan valor a los accionistas y por ende a los inversores en tales fondos activistas. Por lo tanto, el apetito de los inversores institucionales es elevado y ha ido aumentando”, observa Philippe Ferreira, responsable de análisis de Lyxor AM. Ferreira constata que “el tamaño de los fondos y las campañas se han incrementado muy significativamente” y que “inversores institucionales tradicionales se unen a activistas porque coinciden con las campañas, aumentado el poder de acción de estos”.
Sin embargo, el responsable de análisis detecta algunos puntos oscuros en esta nueva tendencia: “El universo de fondos es limitado y en varios casos éstos tienen capacidad limitada. De hecho, hay unos diez grandes fondos activistas mundiales solamente. La razón de esta escasez es que, para poder influenciar la estrategia corporativa de una empresa, el fondo activista necesita movilizar muchos recursos para tomar una participación significativa”. Dicho esto, desde la firma francesa vaticinan que va a aumentar este tipo de inversores: “Hemos visto la aparición de nuevos agentes y prevemos que van a aparecer otros nuevos, pero a un ritmo más limitado que en otras estrategias”.
Una forma de preservar los derechos de los partícipes
Hay gestoras de fondos que se están mostrando más proactivas en su búsqueda de generar valor para los partícipes a través de nuevas vías, pero muchas de ellas prefieren distanciarse de la etiqueta “activista”. Es la postura de Aberdeen. Paul Lee, jefe de gobierno corporativo de la firma escocesa, lo explica así: “Nuestro enfoque de inversión trata de invertir el dinero de nuestros clientes con prudencia. Esto implica la realización de una enorme cantidad de trabajo antes de invertir: reuniones con la dirección de la empresa, visitas y análisis detallado del balance general y del modelo de negocio. Una vez que invertimos solemos mantener la compañía durante mucho tiempo. Sin embargo, nuestro trabajo no termina aquí: seguimos reuniéndonos regularmente con la dirección, visitamos sus oficinas, fábricas o puntos de venta”.
“Es importante destacar que nos tomamos en serio nuestro deber como accionistas en las juntas generales y nos comprometemos con el equipo directivo en un gran número de cuestiones con el objetivo de contribuir a asegurar que la compañía está avanzando en la dirección correcta y que continúa creciendo y creando valor”, añade Lee. Éste admite que “algunos pueden ver nuestro enfoque como activismo, pero nosotros preferimos verlo como una función natural de los accionistas como copropietarios de la empresa: un compromiso activo con el consejo de administración de la empresa en beneficio de los intereses de nuestros inversores, pero sobre todo, también de los intereses de otros grupos de interés de la compañía, incluyendo empleados, clientes y proveedores”. “El éxito a largo plazo es bueno para todos nosotros. Creemos firmemente que las empresas bien gestionadas que tienen en cuenta los intereses de todos sus grupos de interés y que cuentan con experimentados y talentosos equipos directivos, deberían obtener buenos resultados en el largo plazo”, concluye el responsable.
Desde Amundi se manifiestan en la misma línea: “Nos consideramos a nosotros mismos más como accionistas activos que como activistas. Somos muy transparentes con nuestras acciones en esta área”, comenta Cédric Lavérie, director de Gobierno Corporativo. De hecho, la política de voto de Amundi es pública, y está disponible en su página web. Dentro de las posibles opciones que abarcan el activismo (votar en contra de bonus, hacer presión para modificar la política de retribuciones, destituir a miembros del consejo de dirección, realizar un spin-off de la compañía…) las acciones de Amundi se centran en lo que denominan “diálogo privado con las compañías”. “Este diálogo es iniciado la mayoría de las veces por nosotros a través de cartas de alerta enviadas a compañías. Pero en los últimos años se ha vuelto cada vez más común recibir peticiones de diálogo de compañías que nos piden nuestro punto de vista sobre situaciones específicas o problemas”, matiza Lavérie.
Todos estos esfuerzos se enfocan a la obtención de rentabilidad en el largo plazo. Por ello, en Amundi interpretan como una acción exitosa las conversaciones “que puedan llevar mejoras en las prácticas de inversión y contribuir de forma global a la rentabilidad de largo plazo para las compañías y para nuestros clientes”. En el caso de que las conversaciones no salgan adelante de la forma esperada, tienen varias opciones para poder seguir actuando. “La primera de ellas será usar nuestros derechos de voto como accionistas para expresar nuestras preocupaciones sobre el diálogo infructuoso. La amenaza de una oposición masiva o incluso de un rechazo de una resolución en una JGA es con bastante frecuencia una herramienta eficiente para transformar un diálogo poco provechoso en uno de éxito”, indica Lavérie.
Otra forma de actuar complementaria consiste en hacer grupo con otros inversores para incrementar la presión sobre el comité ejecutivo. Adicionalmente, pero dependiendo del tamaño del problema, se pueden rebajar los rating internos que asigna la gestora a la compañía e incluso plantear la opción de venta, o de excluir a la compañía del universo de inversión ISR o global. “Al limitar nuestra exposición a compañías arriesgadas, también beneficiamos a nuestros clientes”, sentencian desde la firma.
Al igual que el experto de Lyxor, el representante de Amundi cree que las prácticas activistas se van a extender y hacerse más comunes entre inversores institucionales en los próximos años: “Nuestra postura con un compromiso activo es más un método de proteger el valor y una forma de mejorar el valor en el largo plazo para los accionistas. Claramente, cada vez tenemos más clientes institucionales interesados en nuestras actividades de compromiso. En añadidura, los progresos regulatorios como códigos de administración o la nueva directiva sobre los derechos de los accionistas empujarán hacia un mayor compromiso. Esta tendencia permitirá la aparición de nuevos agentes pero también el progreso de nuevos servicios para los ya existentes”.
La cuestión de los proxy advisors
En un documento publicado en 2012 por la CNMV, en el que se evalua la actividad de los proxy advisors en relación con los emisores españoles, se define a esta clase de firmas de consultoría como “entidades que prestan servicios a inversores, principalmente institucionales, de asesoramiento en relación con el ejercicio de derecho de voto derivado de la titularidad de acciones en sociedades cotizados”. Desde Amundi reconocen haber solicitado los servicios de este tipo de compañías, pero aseguran que “sólo son una fuente de información entre otras”. “No pretendemos delegarles cualquier voto o actividades de compromiso al ser nuestra responsabilidad para con nuestros clientes ejercitar esas actividades para su mejor interés. No los consideramos como competidores al ser, en el mejor de los casos, sólo agentes de otras firmas de inversion que eligen, de forma contraria a nosotros, no desarrollar su experiencia y capacidades”, concluyen desde la firma francesa.
En BlackRock también encuadra las políticas activistas dentro de su área de gobierno corporativo y les añade el concepto de inversión responsable porque refleja su voluntad de “tratar cuestiones sociales, éticas y medioambientales en un contexto de inversión”. “Creemos que un marco de gobierno corporativo promueve un liderazgo fuerte para los consejos administrativos y buenas prácticas de gestión, contribuyendo al éxito en el largo plazo de las compañías y retornos mejor ajustados al riesgo para nuestros clientes”, declaran.
El gigante de la gestión también ha recurrido a los servicios de los proxy advisors. BlackRock ejerce derechos de voto todos los años en más de 1.500 cotizadas que operan en más de 85 mercados diferentes. Para poder tomar la mejor decisión en cada momento, la compañía ha creado un equipo de gobierno corporativo e inversión responsable (CGRI) que trabaja de forma estrecha con los gestores y dispone asimismo de equipos regionales que estudian las compañías en cartera desde un punto de vista ESG (medioambiental, social y de gobierno corporativo) que también incluye riesgos de tipo ético.
Además trabajan con expertos internos y externos de todo el mundo que les permitan recopilar más información. “Es esencial que demos el mejor uso a nuestros recursos. De esta forma, en algunos mercados, trabajamos con vendedores que aplican nuestras guías de representación para filtrar las proposiciones rutinarias o no contenciosas”, explican desde la firma. En este contexto, se recurre a los proxy advisors para “sintetizar información y analizarla dentro de un formato conciso, fácilmente revisable, que permite al equipo CGRI dedicar sus esfuerzos a identificar de forma adicional aquellas reuniones que necesitan ser priorizadas dentro de nuestro proceso de trabajo”.
Sin embargo, desde la firma aclaran que no siguen las recomendaciones de voto de los proxy advisors. “En muchos mercados nos suscribimos a dos proveedores de análisis y utilizamos una serie de contribuciones de otro tipo en nuestro propio análisis para poder tomar nuestra decisión de voto”. “En nuestra experiencia, la mayoría de los comités cumplen con nuestras expectativas al desarrollar políticas de compensación que alinean las retribuciones al equipo gestor con la rentabilidad y los retornos a los accionistas”, concluyen desde la firma.
