MiFID II ha supuesto un cambio radical en la relación con el cliente de banca privada. Con el fin último de mejorar la protección del inversor, la nueva norma impone obligaciones adicionales a las entidades. Pero, ¿cómo perciben los clientes estos cambios?
“El cliente está todavía familiarizándose con los cambios que supone la llegada de la nueva normativa. Nuestro deber es informarles de una manera sencilla, transparente y comprensible sobre cómo les va a afectar”, asegura Luis Antoñanzas, Vice Chairman de Deutsche Bank Wealth Management España tras el reciente nombramiento de Borja Martos como nuevo responsable de la división de Wealth Management para España, en el marco del Think Tank BNY Mellon, iniciativa producida por Funds People en asociación con BNY Mellon Investment Management y pensada para los profesionales del sector. “
“El aspecto que más preguntas suscita es la transparencia de las comisiones: cómo se lo vamos a comunicar, de qué manera se calculan las comisiones, etc.”, comenta Gadea de la Viuda. No obstante, la directora general de Abante Asesores valora positivamente esta inquietud de los inversores, porque “a veces los clientes no saben muy bien lo que están pagando. Explicitar lo que cobras por el asesoramiento y por la gestión de la cartera es un buen ejercicio que nos viene bien, sobre todo, a los que pensamos que damos mucho valor a los clientes”.
“Habrá bancos que se sonrojarán cuando su cliente se entere de lo que le han venido cobrando por un servicio supuestamente gratuito”, añade Fernando de Roda, socio de Orienta Capital, para quien los asesores independientes en el sentido antiguo (es decir, no participados por un grupo bancario) afrontan estos cambios desde una buena posición de partida, “porque venimos ejerciendo desde hace muchos años la filosofía que promulga MiFID II”.
El impacto del IVA
Alfonso Martínez Parras, director general de BNP Paribas Wealth Management, señala otro aspecto que está pesando mucho en la decisión de los clientes españoles a la hora de decantarse por uno u otro modelo y que no tiene tanto que ver con MiFID II, sino con las normas tributarias. “Cuando quien recibe el asesoramiento es una persona física y hay cobro explícito, hay que sumar un sobrecoste bastante elevado, que es el 21% de IVA. Aunque el asesoramiento se considera un servicio profesional, creemos que el legislador debería tener en cuenta que la comisión explícita no debería llevar IVA, igual que no se aplica sobre gran parte de las operaciones financieras”.
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