La Comisión Europea aprobó a finales del año pasado la CSRD, un nuevo paso en el desarrollo de la inversión sostenible. Según esta normativa, a partir de 2024 todas las grandes compañías de la Unión Europea tendrán que divulgar periódicamente información sobre su impacto social y medioambiental y los riesgos de sostenibilidad a los que están expuestas. ¿Qué novedades implica esto para la gestión de activos?
Varios expertos reflexionaron sobre ello durante la XXVI edición del Debate Legal FundsPeople. En opinión de Miguel Sánchez Monjo, socio de Cuatrecasas, “ahora el foco va a estar en los inversores y, por tanto, también en las gestoras. Van a tener mucha información sobre cuál es el tratamiento que hacen las compañías respecto a factores ESG: los riesgos a los que se enfrentan, cómo impactan ellas en la sociedad y el medio ambiente, etc. Por tanto, se va a esperar de los gestores que tengan en cuenta toda esa información de una forma real y decisiva”. Esta normativa, además, habrá que ponerla en relación con la futura Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Gran parte de las compañías que están sujetas a la CSRD tendrá que hacer una due diligence de quién contratan en su cadena de valor y comprobar si éstos tienen en cuenta factores ESG”, añade al respecto.
Alfredo Oñoro, director de Cumplimiento Normativo de Cecabank, cree que todavía queda mucho recorrido: “Lógicamente, los plazos son muy ajustados. Las entidades de crédito están más acostumbradas por llevan reportando ya un tiempo. Hay que esperar para poder ver la adaptación del resto de compañías y la profundidad de la información”, afirma. Por este motivo, cree que el impacto al año que viene será todavía moderado.
Hacia unos criterios claros
Dicho esto, “queda todavía recorrido para que se aclaren en mayor medida los criterios y se pueda diferenciar con mayor profundidad entre productos. Tras este proceso de ajuste, los inversores podrán distinguir mejor entre los diferentes productos en cartera de los comercializadores”, añade Oñoro.
“¿Cómo puede ser que las gestoras estén obligadas desde hace dos años a cumplir con la normativa de sostenibilidad y ahora sale la norma que te da la materia prima para poder cumplir tus obligaciones?”, criticaba Elisa Ricón, directora general de Inverco. En cualquier caso, destaca un aspecto positivo de todo esto: “La plataforma europea, más conocida por sus siglas en inglés (ESAP, European Single Access Point), en la que se pretende tener un acceso único de carácter abierto, público y gratuito donde todas las compañías vuelquen su información de sostenibilidad en un formato legible”, añade. En su opinión, será un alivio para las gestoras, “para las que la línea de gasto por uso de información (ratings de crédito y sostenibilidad, índices o datos de mercado, entre otros), no deja de aumentar”.
Por último, según Bárbara González, counsel de Linklaters, se estima que esta nueva norma multiplica por cinco el número de empresas sujetas a obligaciones de reporting no financiero. “Veremos también cómo vamos de plazo. El primer grupo de entidades sujetas a reportar conforme a CSRD tienen que empezar a cumplir el ejercicio 2024. La directiva en España está pendiente de transposición (acaba de finalizar la fase de consulta pública). Esperamos que el legislador llegue a tiempo y no se produzcan desajustes”, advierte.
