La República de Argentina sigue haciendo todo lo posible para esquivar la situación de impago en la que fue declarada la semana pasada por la agencia de calificación Standard & Poor's. El goteo de noticias de los últimos días ha revelado, por ejemplo, que el país ha pedido información a la SEC estadounidense acerca de operaciones sobre deuda argentina para detectar posibles usos especulativos. O que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aprobó de urgencia un incremento del 20% en el presupuesto general para mantener los subsidios a la energía y el transporte público, entre otros aspectos.
Desde Aberdeen han explicado que, a pesar de que prevén caídas en los bonos en el corto plazo, su escenario base es que la situación económica actual del país llegue a un arreglo a comienzos de 2015 “ya que la cláusula RUFO (Right Upon Future Offers), que exige que el país ofrezca los mismos términos a tenedores extranjeros si ofrece mejores condiciones a otros prestamistas, expira a finales de este año”. Su expiración “permitirá una renegociación de condiciones en mejores términos con los acreedores sin asumir pagos adicionales a los establecidos en 2005 y 2010”, añaden.
La gestora ha indicado la tenencia de deuda argentina (sólo en bonos emitidos conforme a la legislación local en dólares) en las carteras de sus fondos AG Select Emerging Markets Bond Fund (un 2,42%) y en el AG Frontiers Bond Fund (6,5%). Particularmente, el bono que tienen en cartera ha sido emitido por la República de Argentina con un tipo del 8,75% y vencimiento a 7 de mayo de 2024.
Christopher Palmer, director de renta variable emergente de Henderson Global Investors, ha declarado por su parte que en la gestora están pendientes de las elecciones del próximo año, “donde anticipamos la elección de un Gobierno más favorable al mercado”. “Desde nuestro punto de vista, la situación actual representa el último aliento del Gobierno populista de Kirchner, e ilustra perfectamente su estrategia”, añade Palmer. En todo caso, la actitud del experto es constructiva: “Creemos que en última instancia se llegará a una solución, debido a que el importe pendiente de cobro –incluso si los bonistas que no han accedido a la quita cobrasen la totalidad de dicho importe – es de aproximadamente 1.500 millones de dólares (en caso de que la cláusula RUFO no sea activada), que es una cantidad relativamente pequeña en comparación con el tamaño de la economía argentina”.
Los analistas de Citigroup van más allá en su análisis sobre las posibles vías que tiene la nación para poder pagar sus deudas. A pesar de que la prensa local argentina sigue especulando con la posibilidad de que un conjunto de bancos nacionales o internacionales paguen los 1.500 millones de dólares pendientes, desde el banco estadounidense consideran difícil que surgiera algún tipo de acuerdo al respecto. “Creemos que cualquier tipo de acuerdo tendrá que ser capaz de superar una serie de limitaciones”, adelantan. La primera de ellas, que cualquier pacto alcanzado “ha de ser expansivo para absorber no sólo el recurso pari passu (cláusula que establece que todos los acreedores tienen el mismo derecho de cobro, en vez de un orden de prelación), sino también el litigio de otros que se consideren afectados que seguramente seguirá en las próximas semanas”.
Desde la firma aclaran que podría darse la circunstancia de que se levantara el bloqueo al dinero ya enviado por Argentina al pago de acreedores, lo que podría permitir al país la salida del default, pero es que hay nuevos cupones venciendo en septiembre y diciembre que podrían volver a hundir la economía “si no se alcanza una solución más permanente”. Otro posible escenario es que Argentina gane este pleito, pero aparezcan otras demandas posteriores de bonistas que vuelvan a poner en entredicho su solvencia. Los expertos de Citigroup consideran que el potencial de nuevas demandas podría alcanzar un requerimiento máximo de 4.000 millones de dólares.
Otro punto problemático aludido en el informe es la actitud institucional argentina, con el ministro de economía afirmando claramente que pretenden seguir ofreciendo las mismas condiciones a los acreedores del canje de deuda de 2005 y 2010. Desde el banco denuncian la opinión cambiante del Gobierno de Fernández de Kirchner: “A veces parece que es la cláusula RUFO la que les impide hacer una oferta. Otras veces parece que son las leyes argentinas. Y otras veces parece que es un juicio moral sobre lo que es justo y qué tasa de retorno debería ser conseguida”. Al igual que las otras gestoras, en Citigroup consideran como opción más probable que se espere a la expiración de la cláusula RUFO.
Los principales afectados
En una de sus últimas entradas al blog que tiene alojado en Bloomberg View, el economista Mohamed El-Erian ha realizado duras declaraciones acerca de las implicaciones del impago para Argentina y los argentinos. Par él, el país es el mayor perdedor, dado que a partir de ahora tendrá muchas más dificultades para financiarse en los mercados internacionales y lo tendrá que hacer a un coste más elevado porque tendrá que lidiar con inversores más reticentes a depositar su dinero en el país. Además, vaticina un ascenso de la inestabilidad política en el corto plazo: “Con la credibilidad (del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) ya debilitada por las percepciones de incompetencia y corrupción, las autoridades tendrán todavía más difícil gobernar un país que está operando por debajo de su potencial, minando el bienestar de las generaciones presentes y futuras de sus ciudadanos”.
El-Erian señala que “la mayoría de acreedores de Argentina también son grandes prendedores”. “Aceptaron las primeras reestructuraciones como una manera de ayudar al país a recuperar estabilidad y, en el proceso, asegurar sus demandas financieras. Lo que no consideraban es que, utilizando el sistema legal de EE.UU. una minoría de acreedores holdout tendrían éxito al parar los pagos de deuda reestructurada”, resume.
Finalmente, el economista considera que este nuevo impago es asimismo perjudicial para el conjunto de mercados emergentes: “La debacle argentina seguramente estimulará iniciativas de la comunidad internacional para reducir las oportunidades de que una minoría de acreedores sean capaces de causar un caos similar en el futuro. El resultado será una erosión de los derechos de los acreedores”.
