Según un estudio de finReg360, un 6% de los fondos registrados en la CNMV a cierre de 2022 quedaba por encima de su mediana de coste y, a la vez, por debajo de la rentabilidad de sus grupos comparables.
Las dudas sobre cuál será la decisión de los legisladores europeos respecto a la Estrategia de Inversión Minorista, la Retail Investment Strategy (RIS), dibujan un panorama de incertidumbre para las entidades financieras. No ya por la posibilidad de prohibir parcialmente las retrocesiones, sino sobre todo por cómo se va articular el tema de los benchmarks.
Es lo que se conoce como value for money y se refiere a los requisitos que tendrán que cumplir las entidades financieras para que un producto no presente costes injustificadamente altos en comparación con los beneficios que proporciona al inversor. Por tanto, los productos se considerarán adecuados si la relación entre sus costes y rentabilidad se ajusta a unas referencias (benchmarks) que fijarán la Autoridad Europea de Valores y Mercados y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (ESMA y EIOPA, respectivamente, en siglas inglesas) para fondos y seguros comercializados en dos o más Estados miembros. Y sino, se retirarán de la comercialización.
La pregunta es la siguiente, ¿estarían muchos productos en esta situación? Según un estudio elaborado por finReg360, solo el 11% del patrimonio en fondos españoles debería justificar sus costes o performance para cumplir con la RIS.
Unos 36.000 millones afectados
El análisis parte del universo de 2.969 fondos de inversión que había registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a cierre de 2022 armonizados con la directiva UCITS. En total, suponía un patrimonio de 332.000 millones de euros. Al agrupar estos fondos en categorías homogéneas y analizar sus medianas de coste y rentabilidad a tres años, se observa que el 6% de ellos quedan por encima de su mediana de coste y, a la vez, por debajo de la rentabilidad de sus grupos comparables. Este grupo representa un patrimonio de 36.000 millones, el 11% del patrimonio total citado anteriormente.
"Esta situación indica que las gestoras de estos fondos necesitarían identificar los elementos de valor que justifiquen su comercialización o, de lo contrario, tendrían que tomar medidas con ellos como fusionarlos, mandatarlos o liquidarlos; y reasignar a los inversores hacia otros productos elegibles, propios o de terceras entidades", explicaban Fernando Alonso de la Fuente, socio de Estrategia y Operaciones de finReg360, y María Marsá Pérez, asociada principal del despacho en este artículo en el que analizan cuáles son los principales efectos del value for money en las entidades creadoras de instrumentos financieros.
Aun hay mucha incertidumbre
Más allá de la magnitud en la industria, lo cierto es que por ahora, el mayor problema que existe es la incertidumbre sobre cómo se articularán esos benchmarks. "Las gestoras y creadores de producto deben empezar a analizar la sensibilidad de sus catálogos ante diferentes enfoques metodológicos y comprobar su eficacia durante un periodo de tiempo confiable. Esto exige tener disponible una gran capacidad de automatización y disposición de datos de mercado", advierte De la Fuente.
En principio, parece que la metodología se centrará exclusivamente en aspectos cuantitativos (como el coste y rentabilidad), "de forma que podrían infravalorarse los atributos cualitativos que caracterizan a ciertos productos y gestores (como aspectos fiscales o características diseñadas a medida para colectivos concretos o gestión del riesgo)", apunta el experto. En ese sentido, se recomienda a las entidades esperar antes de tomar ninguna decisión.
De hecho, esta incertidumbre se entiende más allá de los fondos, como por ejemplo a los seguros y otros instrumentos financieros como notas o productos estructurados, añade el experto.
Así las cosas, una vez ratificado el informe la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (ECON) que contiene las enmiendas a la RIS, se ha autorizado a iniciar los trílogos (formados por la Comisión, el Parlamento y la presidencia del Consejo). Grupos informales de trabajo que se crean para debatir esta propuesta legislativa y que buscan mejorar la eficiencia sobre la gestión de este tema. Con todo, los expertos no esperan que el texto entre en vigor hasta finales de 2026.
