Una de las consecuencias que ha traído consigo la nueva directiva europea MiFID II es la separación de los pagos por análisis de valores y por ejecución de los mismos mediante transacciones de compra-venta, con el objetivo de garantizar un mejor servicio. Pues bien, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), si cuando se publicó el borrador de la transposición de MiFID en España solo 184 fondos españoles se imputaban los costes del análisis, ahora, dos años después, ya lo hacen 780 fondos de inversión, lo que representa el 44% del total.
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