Cuando se publicó el borrador de la transposición de MiFID en España solo 184 fondos españoles se imputaban los costes del análisis, ahora, dos años después, ya lo hacen 780.
Una de las consecuencias que ha traído consigo la nueva directiva europea MiFID II es la separación de los pagos por análisis de valores y por ejecución de los mismos mediante transacciones de compra-venta, con el objetivo de garantizar un mejor servicio. Pues bien, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), si cuando se publicó el borrador de la transposición de MiFID en España solo 184 fondos españoles se imputaban los costes del análisis, ahora, dos años después, ya lo hacen 780 fondos de inversión, lo que representa el 44% del total.
Así lo ha confirmado Sebastián Albella, presidente de la CNMV, en la clausura de la Asamblea anual de Inverco. En ella, Albella ha asegurado que desde el organismo regulador son “conscientes de que la normativa es exigente y puede reducir la oferta de análisis”. Sin embargo, aunque reconocen que van a seguir “muy de cerca su evolución” considera “extremadamente improbable que se produzca una marcha atrás”.
Hasta ahora, las gestoras incluían los costes de análisis y los de ejecución en una misma comisión que estaba transferida a los fondos y a la que hacían frente los partícipes, pero estos ignoraban cuánto pagaban por ellos. Con la llegada de MiFID, las gestoras pueden decidir si asumen en sus cuentas de resultados los costes de research o si los trasladan a los partícipes de fondos, a los que tendrán que informar de su precio.
En ese sentido, la experiencia en otros mercados ha sido justo al contrario que en España, no repercutir estos costes al cliente como en Reino Unido, por ejemplo.
Sobre los efectos de la nueva normativa, Albella también ha valorado el esfuerzo de las entidades para adecuarse a los nuevos requisitos, lo que ha traído una “mayor transparencia”. Según sus cálculos, un 76% de los clientes minoristas reciben algún tipo de asesoramiento, un porcentaje que viene motivado porque algunas entidades han empezado a prestar este servicio y por las que han optado por dirigir sus servicios de la comercialización al asesoramiento.
Con respecto a la información sobre los costes, que entró en vigor en el año 2018, aunque no hay ningún plazo obligatorio para empezar a informar sobre ellos Albella, en alusión a ESMA, ha instado a las gestoras a hacerlo en el menor plazo posible, aunque es “consciente de que la información es muy detallada, implica un enorme esfuerzo y, además, ha coincidido con un mal año en cuanto al comportamiento de los mercados, lo que provoca que sea más llamativos los costes soportados”, ha afirmado. A medio plazo, eso sí, el ejecutivo considera que va a redundar en que los inversores opten por “productos más adecuados”.
Otros avances
A la par, desde la CNMV siguen avanzando en la propuesta de guía técnica en la selección de intermediarios en las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC), con el objetivo de “promover el cumplimiento y la mejor ejecución”, ha dicho Albella. De este modo, el documento recogerá criterios y procedimientos que deben tener en cuenta, así como las prácticas que no son adecuadas.
En cuanto a las finanzas sostenibles, Albella ha asegurado que hay mucha implicación. “Cada vez más consideramos estos aspectos a la hora de invertir. El inversor debería tener a disposición toda la información relacionada con ello”.
Por último, no ha querido culminar el acto sin alertar del crecimiento de los fondos con objetivo de rentabilidad que alcanzan dicho objetivo “con mucha antelación”. Una situación que, según Albella, se parece mucho a la de 2017 en el entorno de bajos tipos de interés. “Valoraríamos muy positivamente la publicación de información no obligatoria aclarando que se ha alcanzado dicho objetivo”, ha recordado.
