En el actual contexto de incertidumbre respecto al futuro del sistema público de pensiones, Ignacio Izquierdo, consejero delegado de Aviva España, y José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, han presentado este jueves el II Estudio sobre el Cálculo del Desajuste en las Pensiones en España. Este supone una actualización del primer estudio, realizado por el Instituto Aviva en 2010.
El estudio analiza la magnitud del desajuste del sistema de pensiones en España y a nivel europeo, entendiendo por desajuste la diferencia entre lo que la OCDE considera una pensión adecuada (70% del último salario) y la que el sistema de pensiones puede proporcionar. Según el estudio de Aviva, los 25 millones de españoles que se prevé se jubilarán entre 2017 y 2057 necesitarían ahorrar 191.500 millones de euros anuales para complementar su futura pensión pública y compensar dicho desajuste. Dicho de otra forma, cada español tendría que ahorrar de media 7.700 euros anuales. Dicha cifra es un 12% superior a la que arrojó el mismo estudio en su primera edición en el año 2010, lo que convierte a España en uno de los países europeos en los que más ha crecido el desajuste.
Además, el informe refleja cómo se distribuye ese dato por edades: mientras que un joven de 30 años debería ahorrar una media de 3.300 euros anuales, un ciudadano de 60 necesitaría ahorrar 31.200 euros al año, cifra que resulta inasumible.
Para Izquierdo, el informe “pone de relieve el creciente papel que desempeñará el ahorro privado para mantener el nivel de vida previo a la jubilación”. España ocupa el primer puesto en el ranking de desajuste de las pensiones como porcentaje del PIB, con un 17%, seguido de Alemania (15%), Polonia (14%) y Reino Unido e Irlanda (13% cada uno). En términos brutos, son los británicos quienes más necesitan ahorrar para la jubilación: 13.400 euros de media al año, seguidos de los alemanes con 11.500 euros.
El consejero delegado de Aviva España matiza que, para la realización del estudio, únicamente se ha tenido en cuenta el ahorro finalista para la jubilación, es decir, aquel capital asignado específicamente a planes de pensiones privados. Por el contrario, no se ha contabilizado otro tipo de ahorro, como el ahorro en depósitos, fondos de inversión o activos como viviendas u otros bienes inmuebles. La razón, explica, es que “no sabemos en qué se va a gastar este ahorro”.
Esto es especialmente relevante dado que España es el país en el que más encuestados afirman que “financiarán su jubilación con un inmueble distinto a su vivienda principal”, opción que mantiene el 13% de los españoles, aunque la pensión pública sigue siendo la principal apuesta para los españoles, como mantiene un 51% de los encuestados.
Izquierdo concluye que es necesario “simplificar los vehículos de ahorro para pensiones para incentivar el ahorro finalista para la jubilación”. Señala que es necesaria la publicación de expectativas de jubilación para que los ciudadanos sean conscientes de la necesidad de complementar los planes públicos con planes privados. Para Conde Ruiz, el actual sistema de pensiones de reparto “es un contrato entre generaciones que se va a tener que romper” y apunta que, “cuando se estableció la edad de jubilación a los 65 años, llegaba a esa edad tan sólo el 30% de los que nacían”.
Reforma del sistema de pensiones
Según datos del INE, frente a los tres trabajadores por pensionista que hay hoy en día en España, en 2050 tan sólo habrá un trabajador por pensionista. Conde Ruiz remarca que las dos reformas llevadas a cabo en 2011 y 2013 solamente resuelven parte del problema. Indica que la elevación de la edad de jubilación a los 67 años introducida en 2011 únicamente compensa un tercio del desajuste. Asimismo, opina que la introducción del factor de sostenibilidad en la reforma de 2013 puede llevar a una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en el futuro. El criterio de sostenibilidad supone que mientras los gastos sean superiores a los ingresos, la revalorización anual de las pensiones se limitará a un 0,25%. Con un IPC que se ha movido en terreno negativo en los últimos años, esto no ha supuesto un problema. Sin embargo, explica Conde Ruiz, “tan pronto como llegue la inflación tendrá que haber una nueva reforma”.
Conde Ruiz concluye que debería implantarse un sistema de reparto de cuentas nocionales que permita una flexibilidad en términos de edad de retiro y prestación percibida, de manera que el trabajador tenga la posibilidad de pasar por un periodo de transición entre la vida laboral y la jubilación. Asimismo recalca que es necesaria una mayor información, el desarrollo de productos simples y adaptados a las necesidades de los ciudadanos e incentivos fiscales al ahorro privado.
